EN UN PAÍS con seis millones de parados parece normal que la pelea por encontrar un empleo seguro esté más reñida que nunca y si hay un trabajo que garantice estabilidad ese es el de la administración, aunque no siempre sea el mejor remunerado.
El esfuerzo, a veces durante años, y también algunas dosis de suerte en las pruebas de acceso pueden hacer tan feliz al opositor como a uno de esos ganadores de los sueldos para toda la vida que nadie ha llegado a conocer, pero que Nescafé jura que existen. Frente a ellos están los que se quedan fuera y que asumen la derrota deportivamente cuando hay juego limpio, pero que no dudan en denunciar el tongo cuando creen que hubo amaños o filtraciones de exámenes, unas sospechas que se acrecientan cuanto más pequeña es la administración convocante.
Las denuncias de colocación a dedo de familiares, amigos y militantes del partido que gobierne no son nuevas, aunque suelen prodigarse en tiempos de crisis, que es cuando más se valora el trabajo fijo y también cuando menos plazas se convocan.
La última polémica conocida afecta de lleno al Concello de Lugo, aunque la novedad es que ahora el denunciante, lejos de ser ajeno al sistema público, llegó a trabajar durante varios años en él -según explica en una declaración judicial- gracias a los favores de unos políticos y funcionarios que al final le habrían dejado en la estacada. La denuncia no es de un opositor indignado con dieces imposibles en exámenes con preguntas sospechosas ni de un político de la oposición que acusa al rival de haber creado una agencia de colocación, eso sí, al estilo de la otrora constituida por los suyos. Ahora el relato llega de alguien que o bien tiene una prodigiosa imaginación o bien cuenta con pelos y señales los entresijos de una práctica repugnante que muchos imaginan, pero que resulta difícil de probar.
Serán pues los tribunales los que determinen si hay o no indicios suficientes para cuestionar la limpieza de las pruebas de acceso a los empleos del Concello, aunque esta nueva polémica viene a demostrar que muy bien no se están haciendo las cosas cuando a diario salen a la luz denuncias de nepotismo en las administraciones, algunas veces implicando incluso a altos cargos como la conselleira de Sanidade, a cuyo marido le anuló un tribunal un ascenso en un hospital del Sergas por «desviación de poder».
Siempre me quedará grabada la anécdota protagonizada por un ya exalcalde del PP de la provincia que, ante las cámaras de televisión, justificaba su presencia en la comida de Santa Rita de los funcionarios de la Diputación no solo por ser diputado provincial, sino porque en la institución trabajaban su mujer, un hijo, un sobrino y, seguramente, demás familia. Favores que agradecerán, le restaba decir.
No hay plazas públicas, pero sí empleos en las empresas concesionarias
El decreto del Gobierno central que limita la convocatoria de empleo en las administraciones públicas a la cobertura de los servicios básicos no afecta en cambio a las cada vez más numerosas empresas concesionarias que se hacen cargo del trabajo que antes hacían los funcionarios.
En estos casos, los empleados tienen condiciones laborales diferentes, con menos salario y un horario que puede ser más variable, aunque también hay sospechas de que la selección del personal a veces está condicionada y viciada por los políticos que dirigen la administración contratante. Solo hay que leer el sumario de la operación Pokemon para ver cómo el entramado del grupo Vendex, presuntamente eso sí, atendía las peticiones para enchufar a trabajadores bajo petición del alcalde o el concejal de turno.
Y aunque hay quien defiende que las empresas privadas que trabajan para la administración no tienen por qué dar explicaciones sobre los criterios de selección de su personal, el problema puede surgir si esos empleados acaban pasando a ser trabajadores públicos fijos, bien por sentencia judicial, como ya ha ocurrido en el Concello de Lugo, o a través de cláusulas como las que implantará la Diputación en sus contratos de servicios. Y es que pese a que la filosofía de los requisitos que pedirá el gobierno provincial a sus concesionarias busca defender a los operarios de esas empresas frente a los abusos que ya habían denunciado algunos sindicatos, se podría estar abriendo la vía a una administración paralela en donde el personal no pasaría el tamiz de las pruebas de acceso a la función pública, pero podría asegurarse también un empleo nescafé.
Conclusión: El nepotismo funcionará siempre, que nadie lo dude, porque aquel político o funcionario que se niegue a practicarlo se encontrará con el peor de los castigos, el desprecio familiar.
(Publicado en la edición impresa de El Progreso el 22 de marzo de 2014)
