NUDO hagas que deshagas, reza el dicho del mar. Y con retrasos, dudas, críticas, cambalaches, silencios y, es de suponer, muchas gestiones, los floteles de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya están aquí. El nudo se logró deshacer, y tiene protagonistas, en las esfera pública y la privada. También a uno y otro lado del Atlántico. Y dos empresas que afrontan de manera muy distinta su futuro más inmediato: Barreras, propiedad de Pemex, y Navantia, en manos del Estado.
Al tiempo que conviene recordar ahora el reciente y negro pasado de ambas empresas (Barreras superó un concurso de acreedores en septiembre de 2012 y Navantia lleva más de cinco años sin firmar un contrato), también resulta oportuno hablar de quién controla su capital. Porque sin Pemex, el astillero vigués, en su día el más grande entre los privados de toda España, estaba abocado a un fatal desenlace. La petrolera azteca tomó el 51% del accionariado de Barreras hace unos meses, como paso previo al resto de operaciones: transferencia de tecnología hacia México, contrato de los floteles y nuevos encargos. Podemos seguir diciendo que Barreras es una empresa gallega, pero eso es tan relativo como negar que, por ejemplo, cuando sea rentable, nada menos que el 51% de sus beneficios, transformados en dividendos, se irán a engordar la cuenta de resultados de la petrolera. Es cierto, habrá un gallego al frente, con bastante sentido común: José García Costas, que se mueve muy bien en la moqueta del poder. En resumen, Pemex encarga a su nueva filial uno de los floteles, concurso público mediante y también con bastante lógica empresarial.
Sin embargo, la vara para medir en estos momentos el impacto de la adjudicación de los floteles es la del empleo. Cuando por el aliviadero de la crisis no dejan de deslizarse más y más puestos de trabajo, parece más que sensato emplear este baremo. Y ha sido el propio Núñez Feijóo quien adelantó el dato de los empleos directos: mil trabajadores en total, entre uno y otro astillero, serán los que generen los floteles de Pemex en Galicia.Para hacernos una idea de que el impacto va por barrios, Barreras, que cuenta actualmente con algo más de 200 trabajadores en plantilla después de muchas bajas, ya baraja un plan de contrataciones que rondará los 1.400 empleados si todo va bien, ya que está pendiente la adjudicación de la flota menor de Pemex, otra válvula que, de lograr abrirse, despejará a medio plazo su futuro.
Otro cantar, y bien triste, es el de Navantia. Son quinientos los puestos que generará el flotel adjudicado a los astilleros de la ría ferrolana, para una plantilla total en estos momentos de 2.300 trabajadores que están, por describirlo gráficamente, de brazos cruzados desde hace un par de meses. Por tanto, harían falta cuatro floteles y medio, valga el cálculo, para emplear a toda la plantilla actual. Por no hablar de la industria auxiliar, que ha visto destruir empleos por millares en los últimos años.
Es tal el monocultivo industrial en Ferrolterra que basta repasar los datos de desempleo de la ciudad departamental para hacernos una idea de lo crítico de la situación. En 2009, cuando había carga de trabajo en los astilleros y la crisis no había golpeado todavía con toda su intensidad, la tasa de paro en Ferrol era del 12,6%. El año pasado se situó en el 31,9%, diez puntos por encima de la media de la comunidad gallega.
¿Y es obligación de la Xunta generar empleos para Navantia? La administración gallega, como cualquier otra, puede ser un facilitador, incluso un financiador, como lo es con distinta suerte el Igape, pero el astillero público no es de titularidad autonómica. Y también conviene recordar esto. Es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con Ramón Aguirre al frente, quien rinde cuentas de los avatares de Navantia ante el ministro del ramo, que no es otro que Cristóbal Montoro. ¿Le importa algo el grupo de los astilleros públicos al ministro de Hacienda? Pues a decir por los resultados de la gestión de su equipo, muy poco. Porque cuando se trata de la viabilidad de las empresas, y de la generación de empleo, no se puede emplear otro termómetro que el de los resultados para rendir cuentas. Navantia también es huérfano de un cliente que le ha financiado durante años, el Ministerio de Defensa, que ni está ni se le espera.
Bienvenido Mister Pemex, por tanto, que salvará a un astillero, Barreras, y aliviará temporalmente a otro, Navantia, que espera clientes al socaire del Gobierno. Entre ellos, Gas Natural, con quien negocia la adjudicación, un pelín forzosa, de un metanero. El problema llegará cuando se acabe contruyendo en las gradas de Navantia en Cádiz, como parece. Más tiempo perdido.
Dinero negro y otros desmanes fiscales
EL TAMAÑO importa, sobre todo cuando hablamos de economía sumergida, ese sostén que mantiene a miles de gallegos en pie en plena crisis, que es otra forma de ver la situación, sin estallidos sociales día tras día pese a una tasa de paro desbocada. Sin que sirva de justificación, que sí de explicación, los datos de lo que mueve el dinero negro en Galicia son ya conocidos. Al menos, para el gremio de técnicos del Ministerio de Hacienda. Un punto por encima de la media nacional, con el 25,6% del Producto Interior Bruto (PIB) y 14.159 millones de euros. Al igual que en España, donde la economía sumergida tiene mayor peso en relación inversamente proporcional al nivel de riqueza (caso de Extremadura o Andalucía frente a Madrid o Cataluña, por ejemplo), el dinero negro mueve más en provincias como Lugo y Ourense, aunque también ha crecido más durante la crisis en Pontevedra y A Coruña. Los datos están ahí. Y habría que conocer con detalle cómo se conforman las estimacione de los técnicos de Hacienda. Y para hacer bien los números, cuando hablamos de cuentas con el fisco habría que sumar lo que se elude, no solo lo que se evade. Y de eso saben mucho las grandes fortunas. Esas que recurren a sociedades de inversión en capital variable o que simplemente anotan bases imponibles negativas en su Impuesto de Sociedades, de tal forma que pese a su benenficio declarado, no tributan por ello. La ley está ahí, y las grandes empresas tienen equipos dedicados en cuerpo y alma a optimizar su factura fiscal. Por no hablar de los paraísos fiscales. Hay que luchar contra la economía sumergida, sí. Y también contra esa suerte de gran economía paralela.
JOSÉ MARÍA CASTELLANO ♦ El Frob rectifica mal y a destiempo con el expresidente de NCG
TIENE 67 años y una cuenta corriente más que saneada. Por eso, a José María Castellano poco le puede importar ya que el Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca decida desandar lo recorrido y le conceda ahora un puesto en Novagalicia como administrador provisional hasta su traspaso a Banesco. Porque el nombramiento se realiza «a los exclusivos efectos de ejercer una representación institucional» de la entidad. Si antes decimos que al organismo público le matan las formas, antes nos ofrece un caso práctico. ¿Era necesario todo este lío? José María Castellano ha cometido errores, o al menos fallos de cálculo, al frente de NCG, como cuando lió a grandes empresas gallegas para invertir en el proyecto y su dinero se evaporó por obra y gracia de una operación acordeón. Pero no parece de recibo este final, con esas formas que, como un espejo, lo único que permiten vislumbrar es lo siniestra que resulta esta gente del Frob.
FERNANDO MARTÍN ♦ Martinsa-Fadesa cerró en falso la suspesión de pagos
OFICIALMENTE tiene su sede en A Coruña y es un juzgado de lo Mercantil de dicha ciudad el encargado de tramitar todas las notificaciones sobre la evolución del convenio de acreedores, como ha sucedido ahora, cuando no puede pagar los plazos. Se trata de Martinsa-Fadesa. Tres años después de salir a flote, Martinsa vuelve a estar al borde del precipicio. La inmobiliaria se ha visto incapaz de cumplir con la amortización de deuda, unos 36 millones, que representa un pago del 0,5% del total de los 7.000 millones de pasivo, que preveía el convenio alcanzado con sus acreedores en 2011. La situación coloca a la compañía a las puertas de la liquidación. El de Martinsa es otro caso práctico. Esta vez se trata de la demostración empírica de una suspensión de pagos cerrada en falso. Y Fernando Martín cobrando 1,6 millones de euros en 2012, que para eso es el presidente.
