EL ANTEPROYECTO de Ley de Servicios y Colegios que está promoviendo el Gobierno supondría, entre otras consecuencias poco positivas, que los Abogados pudieran, sin colegiarse como Procuradores, ostentar en todos los procesos la representación de los litigantes. Eso pondría fin a un modelo de postulación procesal que hunde sus raíces en nuestra tradición jurídica, y que, hay que decirlo, ni el tiempo ni la evolución de los medios de los que se valen para desarrollar su labor los Juzgados y Tribunales han puesto en cuestión.
Los Procuradores de los Tribunales son en nuestro sistema procesal los profesionales que asumen la representación de los litigantes y justiciables ante los órganos jurisdiccionales. Y en el desempeño de esa función creo que se puede decir con justicia que no solo han colaborado, sino que han sido los más activos promotores de la incorporación y uso de las nuevas tecnologías a las oficinas judiciales, cooperando incluso con su aportación económica al éxito de un sistema de notificaciones -el éxito de la comunicación de las resoluciones judiciales es uno de los nudos gordianos del buen funcionamiento de la actividad jurisdiccional- Como ha escrito estos días su presidente juan Carlos Estévez: «Concretamente, en lo que a actos de notificación se refiere, la gestión que los procuradores hacen del sistema telemático Lexnet, premiado en diferentes instancias, incluida la Comisión europea, como la notificación diaria con efectos plenamente vinculantes de miles de notificaciones a través de los distintos Colegios de Procuradores, responsabilidad no asumida por ningún otro colectivo u operador jurídico, son ejemplos de eficacia y agilización de trámites de actos judiciales en España a través de la figura del procurador. Es decir, actualmente en España los 28 millones de notificaciones que los procuradores tramitan en soporte papel y los 22 millones que tramitan vía Lexnet son gestionados por 67 Colegios de Procuradores, quienes asumen directamente su coste, por lo que este sistema de notificaciones le resulta gratis a la Administración de Justicia. Señalar a este respecto, que según fuentes del Ministerio de Justicia, tan solo el coste de las notificaciones telemáticas a través del sistema Lexnet supone un ahorro de 44 millones de euros, mientras que el coste de las notificaciones realizadas en papel supone un ahorro aproximado a la Administración de Justicia de 140 millones de euros. En definitiva, el importe que ahorran los procuradores a la administración de justicia asciende a 188 millones de euros anuales…. el actual sistema permite que toda la Administración de Justicia española tenga únicamente 67 interlocutores, ya que la recepción por el Colegio de Procuradores, comparezca o no el Procurador, produce plenos efectos, lo que implica por un lado que la tramitación del procedimiento pueda llevarse a cabo sin dilaciones indebidas y por otro, la eliminación de tiempos muertos en la tramitación procesal puesto que la notificación realizada de esa manera se efectúa simultáneamente a todas las partes intervinientes en el proceso, descargando a la oficina judicial del trabajo gestor que supone la comunicación personal y efectiva de las citadas notificaciones»
Los datos apuntados son reveladores de la más que notable cooperación que la organización colegial de los Procuradores ha brindado y sigue ofreciendo a la organización judicial, y que la alteración de un elemento esencial como es la incompatibilidad entre la representación y defensa de los que postulan justicia no puede abordarse sin tener en cuenta lo que sucede hoy, y sin calibrar lo que ocurriría.
Creo que los Colegios de Procuradores han hecho posible en buena medida el acceso real de nuestra Justicia a las nuevas tecnologías y lo que es más importante, han facilitado el uso de esas tecnologías. Ha quedado así patente y bien justificado el carácter de Corporaciones de Derecho Público que la Ley les reconoce, trascendiendo la mera defensa de los intereses de la profesión y el cuidado de la deontología de sus miembros, que nuclearmente determina sus potestades públicas y su inclusión en lo que se conoce como ‘administración corporativa’.
Este es un asunto que hay que manejar con delicadeza extrema sí importa la eficiencia y sobre todo, la gran cuestión siempre tan traída y llevada de la agilidad y rapidez de la Justicia.
Un dato más aun, el Colegio de Procuradores de Lugo ha soportado un coste cercano al millón de euros, que ni los Presupuestos del Estado ni los de la Xunta han dotado, para hacer posible las comunicaciones judiciales de la Audiencia y Juzgados de la Provincia en la forma en que tienen lugar.
Si lo que el anteproyecto contempla llega a ser Ley el futuro de la profesión de Procurador de los Tribunales se presenta sombrío. Pero quienes deben decidir deben tener en cuenta que eso mismo comprometería durante mucho más tiempo que el que pudiera ser razonable como consecuencia de una reforma, el funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales, que ciertamente tiene ya bastantes carencias y disfunciones, para que se afecte a una de las cosas que hoy funciona razonablemente, y además con garantías, como debe ser, como los ciudadanos queremos que se desenvuelva cuanto a la Justicia concierne.
