Prisón incondicional para el alcalde de Valdemoro y diez imputados más

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), y otros dos detenidos en la operación Púnica, así como el ingreso en la cárcel eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros para ocho imputados más.

Las otras dos personas que han declarado a lo largo de la tarde e irán a prisión sin posibilidad de pagar fianza son Ana María Ramírez, secretaria de David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, y un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez.

En el auto de prisión, el juez explica que Boza ha favorecido "de manera continuada" a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y "otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios".

De Ana María Ramírez, el magistrado subraya que era la "mano derecha" de Marjaliza y "parte imprescindible" de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de sus actividades delictivas.

Además, existen indicios de su participación directa, asegura el magistrado, en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos o en la trama de facturas falsas que se emplean en la generación de efectivo para el pago de cohechos.

De Pedro García, el juez señala que es el principal "interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas".

Para otros ocho detenidos, el juez ha dictado prisión eludible bajo fianzas que van de 25.000 a 100.000 euros, entre ellos el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero (25.000), y el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández (60.000).

También ha dictado fianzas para el arquitecto municipal de Valdemoro José Luis Navarro (100.000 euros), el empresario Eduardo de la Peña (50.000), el administrador de una empresa de Marjaliza, Antonio Serrano (100.000), y tres empleados de Cofely: Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, los tres de 100.000 euros.

De los quince que han declarado hoy, solo ha dejado en libertad con cargos al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, a quien el juez describe como "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.

De esta manera, el juez ha dictado hoy prisión con o sin fianza para catorce detenidos, tres de ellos esta mañana: el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de la trama Alejandro de Pedro Llorca (ambos sin fianza), y el empresario José Luis Huerta (300.000 euros de fianza).

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