La fiscalía provincial de A Coruña reclama al titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago la imposición de un año de cárcel, una multa de 5.760 euros y ocho años de inhabilitación para el que fuera jefe del Servicio de Conservación da Biodiversidade en 2004, en la última etapa del Gobierno de Manuel Fraga. La petición se enmarca en un proceso abierto contra la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva a la empresa Acuinor para la instalación de una piscifactoría en Rinlo.
Según el fiscal, el entonces jefe de servicio «obvió» todas las protecciones de las que disponía el lugar de Foxo Longo donde se iba a levantar la granja marina. Recuerda que era un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección de los Valores Naturales y tenía tres tipos de hábitats naturales protegidos que no se tuvieron en cuenta.
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