EN LA PRIMERA crisis del petróleo de los años setenta, la calificación por parte del Gobierno de Franco de algunos de los productos congelados de una entonces prometedora Pescanova como «bienes sujetos al régimen de vigilancia especial», y la consecuente imposibilidad para la compañía de repercutir el alza del combustible en los precios de sus productos, estuvo a punto de acabar con la empresa gallega en manos del Instituto Nacional de Industria (INI). Del Estado, en otras palabras. Esa fue una de las primeras crisis a las que se enfrentó el lucense José Fernández López, padre de Manuel Fernández de Sousa-Faro, al timón Pescanova hasta que el juez de lo Mercantil decidió apartarlo de la gestión hace ya casi un mes.
Por eso, en parte tiene razón el presidente de la multinacional cuando dice que «la compañía ha superado momentos mucho más difíciles que el actual». Solo en parte, porque en aquella crisis del petróleo, el fundador de Pescanova, su padre, optó, como bien recuerda el catedrático Xoán Carmona Badía, por sacrificar su participación en otras empresas que había fundado: entre 1975 y 1979 vendió sus paquetes de Transfesa y Zeltia, que posteriormente recuperaría, así como en Frigo- louro, que pasaría a manos de Coren. ¿Qué va a sacrificar ahora el presidente de la multinacional gallega cuando de lo que se trata ya no es solo de Pescanova, sino de su propio futuro y el de parte de su consejo de administración?
La imputación por parte del juez Ruz, de la Audiencia Nacional, de hasta tres presuntos delitos, todos tipificados en el Código Penal (falseamiento de información económico-financiera, de cuentas anuales y de uso de información relevante) hacen que las primeras explicaciones públicas del presidente se queden en mero brindis a una inocencia que parece perdida. Palabras tardías.
Con él, e imputado por los mismos delitos, declarará Alfonso Paz-Andrade, hijo del cofundador de la compañía, consejero delegado hasta 2007 y consejero y accionista relevante de la multinacional, con quien el presidente mantiene las formas, que no la relación. La venta de acciones las semanas y meses antes del concurso, a un precio hasta tres veces superior al que fueron suspendidas de cotización, hechos admitidos por ambos finalmente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se ha convertido en su pecado capital y ha desatado una tormenta imposible de esquivar, frente a unos accionistas minoritarios que no pueden hacer otra cosa que ser testigos mudos de esta crisis por entregas.
Al auto del juez Ruz solo le faltó añadir aquello de «solo o en compañía de otros», porque junto a Fernández de Sousa-Faro y Paz-Andrade, también resultan imputados Antonio Pérez-Nievas, consejero y accionista, y José Alberto Barreras, controvertido empresario integrante de una dinastía gallega que protagonizó, entre otras, la crisis de Pebsa, que se prolongó diez años.
El juez también ve «indicios racionales de conducta penalmente relevante» en la propia compañía, Pescanova, y habla de «defraudación» prácticamente generalizada. Diligencias como la solicitud a la Unidad Central de Delincuencia Económica para que investigue el patrimonio del presidente y su familia, así como la citación para declarar en calidad de testigo a su principal enemigo en toda esta crisis, José Carceller (Damm), no presagian nada bueno.
Y lejos de la Audiencia Nacional, en Chapela, la sede de la compañía, también encalla Pescanova. La obtención del crédito solicitado por los administradores concursales, esos 55 millones de euros para dar óxigeno mientras se elabora el informe y se fijan las condiciones de las quitas y el plan de viabilidad, plantea ahora unas condiciones envenenadas. Ante el rechazo de la Xunta a avalar la operación, Deloitte Advisory se despacha con dos opciones para lograr liquidez: pignoración de la propia marca Pescanova o del ebitda (beneficio antes de amortizaciones) futuro. Así juegan los administradores concursales, que no dudan en asegurar a los propios ejecutivos de las filiales del grupo que su prioridad son los acreedores. Ni los accionistas, ni los empleados, ni la propia compañía. Los acreedores, la banca.
Es por todo ello que, como un bucle, la crisis de Pescanova puede encarar otra derivada, que se lleve por delante aquello de que «la compañía ha superado momentos mucho más difíciles que el actual». Porque todo apunta a que la opción de trocearla y, a la vez, capitalizar una deuda que todavía no está aclarada por parte de la banca, se articularía mediante una ampliación de capital o una operación acordeón, que de un plumazo desbancaría a Fernández de Sousa-Faro como su primer accionista. El final.
LA NOMBRARON ministra pensando en Galicia y en sus infraestructuras. Y en Galicia comienzan a amontonarse los problemas para esta gallega de adopción. Y si apuramos un poco, lo hacen por tierra, aire y mar. Ana Pastor empieza a saber a golpe de lío lo que es un Ministerio de Fomento justito de presupuesto, con esa prioridad irrenunciable que es la incógnita del AVE y sus fechas.
Primero fue la supresión de líneas de Renfe, sutilmente planteada a través de una consultora pública a la que echarle las culpas si había que pinchar el globo sonda. Y así fue. La encargada de hacerlo, la ministra, que puede, después de apuntar desde Renfe una drástica reducción de servicios, como si desde su ministerio alguien hubiera caído en la cuenta ahora, de repente, de que en este país existen líneas deficitarias.
Ahora por aire. Las polémicas entre Alvedro, Peinador y Lavacolla y sus millonarias subvenciones no parece que se vayan arreglar con un comité de coordinación de rutas, que sería una vuelta a lo de siempre para traernos otra vez al mismo sitio. La especialización de las terminales, por destinos y uso, y la racionalización deben ser los ejes de esa acción que descansa, lo quiera la ministra o no, sobre Aena, el gestor aeroportuario que no es capaz de privatizar.
Y queda el mar. Sobre su mesa está también la privatización de terminales portuarias, las más rentables. Ahí parece que no toca a Galicia. Nuestros puertos son pequeños y están endeudados.
Los administradores ponen la marca y los beneficios como prenda para obtener un crédito de 55 millones que se resiste»
TIPOS CON INTERES
Alimentos Lácteos ♦ Apuesta cooperativa en el peor momento
Fue todo en uno. Reunirse con la Xunta, nada menos que con dos conselleiros, y anunciar acto seguido la suspensión de pagos de una iniciativa que en su día proyectó una débil luz de esperanza sobre el proceso de industrialización del sector lácteo gallego: las cooperativas como propietarias de su propio destino. Con el poco ánimo que le permite su casero en Outeiro de Rei, Leche Pascual, Alimentos Lácteos tira la toalla y su gerente, Miguel Martín, toma la decisión que le dejan, el concurso, para protegerse de los acreedores. Seis millones se ha dejado la Xunta en el intento. Y pinta que no habrá un euro más. Lástima. Mucha.
Manuel Jove ♦ Caramelo se lleva por delante ayudas por unos 35 millones Algo más de treinta millones de euros con el bipartito (27 millones en créditos y avales) y otros cinco a través de un préstamo de Xesgalicia en la era Feijóo. Ese es el importe del dinero público que se ha enterrado en Caramelo, un proyecto empresarial de Manuel Jove en un negocio que nunca fue el suyo. En suspensión de pagos, con un ERE, otro más, para unos doscientos trabajadores, y un plan de viabilidad que reducirá la compañía a la mínima expresión, cabe preguntarse para qué tanto dinero público. Caramelo debe cien millones. Y también muchas explicaciones, tanto sus gestores como quienes les ayudaron desde San Caetano.
