Patronal del naval y sindicatos, en un frente común histórico para presionar a Bruselas

UGT, CC OO y CIG han pedido hoy la adhesión de la administración central y las autonómicas al "frente común" formado por estos y la sociedad de reconversión de pequeños y medianos astilleros (Pymar) para presionar a Bruselas sobre la resolución del expediente del tax-lease, ya que "no todo está hecho".

Se trata de una llamada de atención dirigida al Gobierno central y a la Xunta, cuyo conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha dicho en varias ocasiones estos días que todas las gestiones que había que realizar para demostrar que se actuó bajo los principios de confianza legítima y seguridad jurídica ya están realizadas.

En rueda de prensa previa a la manifestación convocada para mañana en Vigo, los responsables del metal y el naval en la comarca de Vigo han subrayado que la pinza formada por sindicatos y Pymar ya consiguió "la prórroga" sobre el pronunciamiento final de la Comisión Europea sobre el anterior tax-lease, previsto para hoy.

Durante esa "prórroga", que calculan oscilará entre los diez y los quince días, los sindicatos han avanzado un "recrudecimiento" de las medidas de presión adoptadas hasta la fecha, las más reciente, la huelga a nivel nacional de la semana pasada de los astilleros privados y que en Vigo resultó "un éxito".

Ramón Sarmiento (CC OO) ha recordado que "todos", patronal, sindicatos y administraciones, han hecho "gestiones de parte" para evitar la retroactividad del anterior tax-lease pero "no han dado resultado", y por eso ha enfatizado que se necesita una acción conjunta, con "el mismo discurso" y sin "el mínimo atisbo de matiz".

Ha instado al Gobierno central a que "emplace y convoque" a las partes a ese "frente común" y a que le conceda a la situación del naval la consideración de "problema de Estado". De paso, Sarmiento ha exigido aclaraciones al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre si conocía el contenido del informe de la Comisión de la Competencia que contemplaba la devolución del 100% de las bonificaciones a partir de 2005 tras su reunión el 5 de junio con el comisario Joaquín Almunia.

Diego Atanes (UGT) ha reseñado que la decisión de la Comisión Europea sobre el anterior sistema de bonificaciones "es política", y por tanto ha censurado "los silencios" y las "declaraciones estériles" de la Xunta, a cuya delegada en Vigo, María José Bravo, ha afeado que no los haya recibido. Asimismo, ha pedido al conselleiro de Industria que "defienda adecuadamente" al naval y se deje de "escapar a otras latitudes", en alusión a su reciente viaje a México, y de "fotos políticas".

César Rodríguez (CIG) ha atribuido a un intento de "desmovilizar" al sector la "campaña de propaganda" de la Xunta con el acuerdo estratégico firmado con Pemex, y ha vaticinado un Vigo "fantasma", con "un futuro de emigración, pobreza y marginación" si finalmente hay que devolver parte de las bonificaciones del anterior tax-lease.

Sarmiento ha invitado a la sociedad viguesa a que mañana "opte por recuperar la fotografía" de cuando en la comarca "se rozaba el pleno empleo" de la mano de la automoción y del naval o, por el contrario, por "resignarse a convivir con tasas de paro superiores al 30%. No es una causa menor", ha aseverado sobre la manifestación.

El sindicalista resaltó que las consecuencias de una resolución negativa para los intereses del naval español tendrían como consecuencia "un pleito" de ámbito comunitario, que el sector se quede sin herramienta de bonificaciones y "la desaparición" de las expectativas generadas a corto plazo.

El portavoz de CC OO ha reseñado que la retroactividad del anterior sistema "espanta a los inversores" y que incluso Pemex, pendiente de materializar su entrada en el accionariado de Barreras, tiene "interés por conocer el escenario tras la resolución" de la Comisión Europea.