La crisis económica y el déficit de las instituciones públicas ha provocado que la existencia de las diputaciones provinciales se pusiera en duda. En Galicia, los primeros en cuestionar su eficacia fueron los nacionalistas, más partidarios de una distribución comarcal, pero el debate se ha ampliado ahora a la política nacional. El partido en el Gobierno, el PSOE, ha encargado a su departamento de política municipal que estudie posibles modificaciones o alternativas a los entes provinciales. Pero, realmente, ¿para qué sirven las diputaciones?, ¿cuánto cuesta mantenerlas?, en fin, ¿resultan útiles?
Las diputaciones realmente son una institución surgida del liberalismo decimonónico, con casi dos siglos de existencia, pero previas a las autonomías, en cualquier caso. La legislación vigente, en concreto la norma básica, la Constitución de 1978, regula el funcionamiento de estos organismos en su título VIII, en el capítulo II (artículo 141). En su punto 1, establece que «la provincia es una entidad, con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado».
En el punto 2 del mismo artículo se contempla que «el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo».
En resumen, las diputaciones están reconocidas por la legislación y su desaparición no sería sencilla, aunque se dude públicamente de su utilidad.
COMPETENCIAS
En cuanto a sus competencias, la Ley de Bases de Régimen Local contempla que las entidades provinciales son responsables de «la colaboración y asistencia a municipios, especialmente los de menos capacidad económica». En este sentido, se manifiesta legalmente que su función es la de prestar aquellos servicios que las entidades locales no pueden ofrecer por falta de presupuesto.
«Estas competencias ofrecen a las diputaciones un panorama muy diversificado de actuación, porque la falta de servicios públicos en los pequeños ayuntamientos es muy amplia, desde las infraestructuras básicas, como el sistema de abastecimiento de aguas, a otras como las residencias de la tercera edad», explica José Antonio Mourelle Cillero, secretario de la Diputación.
¿CUÁNTO CUESTA?
La cuestión que se está debatiendo en este momento es si la existencia de las diputaciones supone un gasto innecesario, porque sus funciones podrían ser asumidas por otra institución, concretamente se habla de mancomunidades de municipios o de los gobiernos autonómicos.
La Diputación de Lugo tiene un presupuesto de 92,11 millones, de los que 1,5 se destinan al pago de cargos políticos, entre diputados y personal de confianza, y 28,8, al mantenimiento de los sueldos de más de 500 trabajadores que desempeñan sus funciones en la institución. Los gastos se han visto reducidos considerablemente en el actual mandato, con una disminución del 25 por ciento en el coste del personal de confianza y en un 20 por ciento en los salarios de los diputados.
A esta cifra, en sueldos y seguridad social, habría que añadir el gasto de funcionamiento ordinario del organismo provincial, unos 10 millones.
En resumen, la Diputación Provincial de Lugo cuesta al erario público unos 40 millones de euros al año. El resto del presupuesto se destina a inversiones, infraestructuras, servicios y otros gastos.
SERVICIOS
El actual gobierno de la Diputación, que repite mandato como bipartito (PSOE-BNG) desde 2007, ha prestado una especial atención a la colaboración con los ayuntamientos, sobre todo con los de menos posibilidades económicas, cumpliendo así con uno de sus cometidos legales.
Asegura que los datos objetivos son su principal defensa frente a las posibles dudas sobre su eficacia, y cita servicios de todo tipo para ayudar a los municipios, especialmente a los más pequeños.
El de recaudación de impuestos municipales es, tal vez, el más interesante para los gobiernos locales. De los 67 existentes en la provincia, 51 delegan en la Diputación sus gestiones tributarias, prácticamente todos al margen de los grandes municipios como Lugo, Monforte o Viveiro.
Esta gestión supone un ahorro considerable para las arcas municipales, sobre todo en lo que se refiere a coste de personal.
Pero, además, el servicio de recaudación de impuestos y tasas municipales permite a los ayuntamientos recibir al año más de 16 millones de euros adelantados al proceso de ingresos de los correspondientes recibos. Esto facilita a los ayuntamientos disponer de una liquidez que no podrían tener si gestionasen el cobro por sí mismos.
La Diputación también ofrece a los distintos concellos un servicio de asistencia legal y jurídica, supliendo así las deficiencias de personal preparado en estos ámbitos que suelen tener los pequeños ayuntamientos.
La administración electrónica, que se está implantando en todos los municipios de la provincia, a excepción del de la capital, a través del programa europeo Innova-TE, cofinanciado por la UE y la Diputación, permite a los vecinos realizar un considerable número de gestiones a través de internet.
FONDOS EUROPEOS
Otro de los grandes apartados en los que la Diputación está ejerciendo un importante papel es en la gestión de fondos europeos destinados al desarrollo de infraestructuras, servicios y empresas.
En el anterior mandato, el organismo provincial gestionó unos 20 millones de euros, cofinanciados entre un 70 y un 80 por ciento por la Unión Europea, y destinados a programas como el Lug02, centrados en las zonas de la provincia reconocidas como reservas de la biosfera, o el Innova-TE, que está permitiendo la instalación de la administración electrónica en casi todos los municipios de la provincia.
También se destinaron estos fondos a la promoción del empleo y al apoyo a los autónomos, lo que convirtió a la Diputación lucense en un organismo pionero en este ámbito.
La política seguida en la gestión de estos medios procedentes de la UE fue la de promocionar los recursos y la riqueza natural de la provincia de Lugo, como fuente de generación de riqueza e ingresos alternativos al sector primario, ganadería y agricultura, que domina el panorama provincial.
Parte de estos fondos europeos se destinaron también a la creación de empleo y a la ayuda a autónomos.
La dotación de parques de bomberos a la práctica totalidad del territorio provincial (queda por solucionar el problema de A Montaña) fue otra de las grandes apuestas de la Diputación, en colaboración con la Xunta de Galicia, así como la construcción de pequeñas residencias de ancianos para los municipios que más dependían de este servicio.
INFRAESTRUCTURAS
De todas formas, un papel primordial de la Diputación de la provincia de Lugo es el mantenimiento de una serie de infraestructuras que superan las capacidades económicas de los municipios más pequeños. Son obras para las que la Diputación dispone de distintos planes, desde el de obras y servicios, cofinanciado con los municipios, al de cooperación con las comunidades vecinales, en el que el protagonismo pasa a las organizaciones sociales de los distintos municipios lucenses.
Desarrolla también planes en los que se ayuda a ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes y no ignora la colaboración en el ámbito cultural, como el proyecto Buxiganga.
ELIMINAR LAS DIPUTACIONES OBLIGARÍA A MODIFICAR LA LEY
El debate sobre el papel de las diputaciones y su futuro supera el ámbito de la discusión política para entrar en el siempre complicado debate sobre cualquier norma que modifique la Constitución de 1978.
José Antonio Mourelle Cillero, secretario de la Diputación, aclara que «estas instituciones podrían desaparecer, pero siempre que fuesen sustituidas por otras que representasen institucionalmente a la provincia».
Es decir, según los expertos en legislación de las entidades locales, sería imprescindible modificar la Constitución de 1978 si el objetivo es eliminar la institución provincial y asignar sus competencias a otros organismos, como podría ser la autonomía.
«De hecho, en España hay casos legalmente reconocidos en los que las diputaciones se sustituyen por otras instituciones, como es el caso de las comunidades uniprovinciales, como La Rioja, u otras cuya legislación foral contempla instituciones distintas», explica Mourelle.
Sin embargo, eliminar las instituciones provinciales, es decir, la representación institucional de las provincias, exigiría una reforma del texto constitucional del 78.
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HISTORIA |
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El origen remoto de las diputaciones provinciales está en la Constitución de 1812. En principio, su existencia se contempló como reflejo de las juntas provinciales de defensa surgidas en toda España durante la Guerra de la Independencia. Pero, el planteamiento liberal de los diputados que se reunieron en Cadiz entre 1808 y 1812 no llegó a materializarse hasta que pasó el periodo absolutista de Fernando VII y llegó el gobierno de Isabel II. En 1833, el ministro Javier de Burgo proclama la creación de las diputaciones, aunque en Lugo no se materializarça hasta las trece horas del 11 de noviembre de 1835. Primera corporación La primera corporación provincial se constituyó en el convento de los dominicos, en la plaza de Santo Domingo, el 11 de noviembrre de 1835, presidida por Jacobo Llorente, marqués de Astariz. La evolución de la institución fue pareja al devenir de la historia de España. Superó monarquías, repúblicas y dictaduras Palacio de San Marcos En cuanto a la sede, tras varias ubicaciones temporales, la Diputación ocupó, con el instituto de secundaria, el Pazo Provincial, cuya construcción fue ordenada por Isabel II, aunque, en principio su función sería la de hospital. Durante décadas, diversas instituciones compartieron edificio, hasta que en los años ochenta del pasado siglo quedó en exclusiva para la Diputación. |
