EL PP calificó hace unos días a José López Orozco como el alcalde «polimputado», con la esperanza de que ese sea ya su sobrenombre de aquí a la próxima contienda electoral, pero hay otro que quizás le vaya mejor, aunque no tenga tanta fuerza: el alcalde equilibrista. Los cambios en su equipo -unos por decisión propia y otros por abandono de personas- fueron frecuentes desde su inicio como alcalde, algo que no resultaría extraño teniendo en cuenta que va para quince años con el bastón de mando. Pero en este mandato las idas y venidas son tantas que es inevitable pensar que Orozco tiene dificultades para consolidar su equipo y sus políticas. En algunos temas ha dado giros copernicanos.
Los movimientos volvieron esta semana a la Praza Maior, con la salida del asesor jurídico municipal, Luis Casais. El letrado presentó su dimisión el lunes cansado de que sus reiteradas quejas por la falta de medios en un Concello al que no paran de salirle demandas judiciales y por la falta de independencia para ejercer cayeran en saco roto. Al día siguiente ya tenía sustituto, el lucense Pablo López, que hasta ahora ejercía en el Consello Consultivo de Galicia, porque, según el alcalde, la de Casais no fue una dimisión sino una destitución. Sea como fuere, la salida de Casais se venía venir. La relación con Orozco y su núcleo duro era insostenible desde hace tiempo.
López sí contará con apoyo, ya que el regidor ha decidido recuperar a la abogada Ana Sáez, funcionaria municipal. Ocupará un puesto en comisión de servicio, ya que el Concello tiene pendiente de convocar desde hace años las dos plazas de letrados. Un ejemplo de la falta de organización que existe en la plantilla desde hace años.
El nuevo equipo jurídico del Concello tiene varios frentes abiertos, pero uno de los más delicados está motivado por las recientes denuncias penales de varios sindicatos contra el alcalde y la jefa de personal, Marta López, por prevaricación. Les acusan de favorecer con el silencio administrativo a varios trabajadores, la mayor parte de ellosa afiliados a la CSIF.
La salida de Casais se produjo pocos días después de que Orozco hiciera otro cambio en su equipo. Tras nueve años de colaboración prescindió de Iván Negral, que estuvo primero en educación y después en el grupo municipal socialista, para colocar a Diego Pena, que ya había prestado servicios al Concello hace años. Preside un colectivo vecinal que intenta, sin mucho éxito, hacer contrapeso a la más conservadora federación vecinal y desde hace un tiempo es una persona públicamente muy volcada con la causa PSOE. Aunque no siempre fue así. En los noventa era un activo militante del PP y hay quien dice que sus frustradas aspiraciones de entrar en la lista municipal le llevaron a cambiar de bando.
Las salidas de Casais y Negral se suman a la del BNG hace un año, que dejó el gobierno tras la imputación del alcalde en la operación Pokemon, y las de los concejales Francisco Fraga y Lino González, esta primavera. Ambos dejaron el gobierno alegando motivos personales, pero los dos admitieron más de una vez su desencanto con la política municipal. Fraga entró en el equipo de Orozco en 2011, por lo que no estuvo ni siquiera dos años. González era un veterano, y pese a que siempre fue un poco por libre, uno de los valores de Orozco.
GESTIÓN
Las dificultades del alcalde no se circunscriben a las personas. Sus bandazos en algunos asuntos son desconcertantes. En la Policía Local pasó de ir de frente contra la CSIF -en el anterior mandato, por medio de la insuficientemente reconocida labor del concejal José Rábade y el director Darío Diéguez- a plegarse a sus intereses en su obsesión por cerrar el conflicto con un cuerpo que le ha dado muchos disgustos y con un sindicato (CSIF) que tiene un gran poder en el Ayuntamiento. Y más tendrá. A no ser que el juzgado vea caso en las demandas de los otros sindicatos.
Y desconcertante es también la falta de decisión en algunos temas. Salvando algunas áreas, como economía y empleo, da la sensación de que al gobierno le cuesta gobernar. Le llevó más de un año decir que iba a peatonalizar el puente romano, cuando el sentido común no decía otra cosa; temas como la empresa del agua y la ordenanza de civismo son un clásico sin desenlace, y ni siquiera en un asunto tan clamoroso y fácil de rentabilizar como el control de los gorrillas que extorsionan a los conductores en el Hula es capaz de actuar.
Lo único bueno para Orozco es que tiene dos estupendos aliados. Un BNG cuya oposición se centra en poco más que denunciar baches y basureros (donde el PP no le va a la zaga), con alguna excepción, como su propuesta de revisión de las tasas e impuestos municipales, y un PP que no para de tirarse tiros en el pie, con ayuda de la Xunta.
Si la semana pasada las críticas del PP por los gorrillas llevaron al alcalde a desvelar una reclamación económica al Concello de la empresa del párking del Hula por lo que deja de ganar, que incendió al movimiento vecinal, esta semana el despropósito continuó con el anuncio de la Xunta de que no se hará cargo del cuartel de San Fernando, como tenía comprometido. Aunque no es este el principal problema del PP, sino las más de 20.000 firmas que la plataforma ciudadana del Hula lleva ya para que se dote al hospital de los servicios prometidos. Y sobre todo, esa supuesta candidatura que podría concurrir a las municipales. El exalcalde Vicente Quiroga, ahora agitador ciudadano, jura y perjura que no está ni estará en eso, pero en el PP hay gente que lo da por hecho, lo que podría cercenar cualquier posibilidad de que Jaime Castiñeira consiguiese la alcaldía, a no ser con un pacto posterior. Aunque, cada vez más consciente de ello, hay quien piensa que Castiñeira ya está a otra cosa. Y mientras, un Orozco en minoría gobierna. Aunque sea a ratos.
