EL OPTIMISMO sobre la recuperación de la economía española, que expresan el empresariado y la banca y no solo el discurso de campaña del PP, se encuentra con el problema de las cifras negativas del paro en enero: más parados y menos afiliados a la Seguridad Social. Compaginar ese optimismo, que para muchos expertos es real, con una respuesta creíble para quienes sufren el paro y la merma de capacidad adquisitiva es un reto político. El distanciamiento del optimismo oficial con la realidad de las personas concretas que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis puede abrir brechas sociales y políticas. El profesor Antón Costas advertía recientemente sobre el riesgo de explosión social, que no desaparece, y se puede acentuar con el inicio de una marcha positiva en la macroeconomía. Las valoraciones de las cifras del paro están en estos momentos en clave electoral. Pero más gente ve la botella vacía.
Escrache
Los razonamientos de la Audiencia de Madrid (Auto nº81/14) sobre el escrache en la calle donde vive la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría significan, en escasos diez folios, doctrina jurídica clara sobre la libertad de expresión, manifestación, coacción y participación democrática de la ciudadanía. El riesgo de demonizar o pretender ilegalizar toda expresión de descontento ciudadano, de manifestación pública pacífica, puede convertirse en caldo de cultivo para introducirse los violentos. Entre las razones jurídicas del auto de la Audiencia de Madrid y lo que se puede entender desde un mínimo conocimiento de comportamientos sociopolíticos, es necesario que las expresiones de conflicto se asuman como legítimas, sobre todo por quienes tienen responsabilidades públicas.
