Operarios de conservación de carreteras denuncian jornadas de 12 horas

Trabajadores pertenecientes a empresas de conservación y mantenimiento de carreteras denuncian que, a raíz de los temporales de nieve y los últimos episodios de fuertes heladas, se les está obligando a realizar jornadas laborales de 12 horas sin el descanso mínimo legal entre ellas. La situación de estos operarios la hizo pública la federación de la construcción y de la madera de la Confederación Intersindical Galega (CIG), cuyo secretario es Afonso Losada. Este responsable sindical explica que esta falta de descanso expone a los trabajadores "a un grave perigo", ya que deben enlazar jornadas sin prácticamente descansar lo que aumenta "o risco de accidente nun sector xa de si moi perigoso".

Afonso Losada recuerda que las empresas que se dedican a realizar este tipo de trabajos tienen la obligación "de reforzar os servizos en época de vialidade invernal", es decir, de noviembre a marzo, pero que no siempre lo hacen y prefieren prolongar las jornadas de los trabajadores de la plantilla habitual, aún a sabiendas de que, por ejemplo, el conductor de una quitanieves está expuesto "a un risco alto de accidente e moito máis se non pode descansar o suficiente".

Desde la CIG subrayan que esta problemática afecta a prácticamente todas las empresas del sector, independientemente de la administración pública para que prestan los servicios, ya sea "Deputación, Xunta ou Fomento". Este sindicato critica, por lo tanto, que mientras los responsables políticos de estos organismos se hacen fotos "a carón dos camións e dos silos de sal, pechan os ollos ante esta situación" de los trabajadores.

INSPECCIÓN. A raíz de estos hechos, la CIG ha presentado una denuncia colectiva a la Inspección de Trabajo contra las doce empresas que tienen concesiones de mantenimiento y conservación de las carreteras lucenses, así como contra las tres administraciones titulares de la red viaria. El objetivo es, según resalta Losada, que la Inspección actúe y solicite "os partes de traballo que as empresas envían ás administracións periodicamente" y que demuestran las largas jornadas laborales a las que están sometidos los operarios.

Para la CIG es fundamental que, en este caso, se actúe tanto contra las empresas por realizar estas práctica como contra los propios organismos públicos por ser "coñecedores e consentidores" de estas irregularidades.