El fiscal aboca a la alcaldesa de Viveiro al segundo juicio por un delito urbanístico

Solicita tres años de prisión para la junta de gobierno que concedió la licencia de ampliación de Vestas en 2009 por estar en suelo rústico
Isabel Rodríguez y María Loureiro
photo_camera Isabel Rodríguez y María Loureiro

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral para la alcaldesa de Viveiro, dos de sus concejales y dos exediles que estaban en la junta de gobierno que presidía Melchor Roel y otorgó la licencia de ampliación a Vestas en 2009. La regidora se enfrenta así a la segunda acusación por presunto delito urbanístico. El ministerio público pide en este caso una pena de tres años de prisión, ocho de inhabilitación para cargo público, 21 meses de multa con cuota diaria de 12 euros, que suman 7.560 euros, e inhabilitación para sufragio pasivo durante la condena.

El fiscal atribuye a la alcaldesa, María Loureiro; el primer teniente de alcalde, Jesús Fernández Cal; la edil Isabel Rodríguez, y los exconcejales Rafael Fernández Amor y Olga Méndez un delito contra la ordenación del territorio por otorgar el permiso referido, según recoge el artículo 320 del Código Penal. Este periódico pudo averiguar que entiende que la junta de gobierno actuó a sabiendas de que su decisión era contraria a las normas urbanísticas y sin autorización de la Xunta para otorgar la licencia a Vestas en Chavín.

La Fiscalía pide tres años de prisión y ocho de inhabilitación para la junta de gobierno de 2009


El acuerdo se adoptó sin el correspondiente plan de sectorización y proyecto de urbanización, como era preceptivo en terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado de uso industrial, por lo que los concejales habrían desatendido los informes técnico y jurídico preceptivos. Además, la construcción de instalaciones industriales "es una actividad prohibida en suelo rústico", según la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (Loug). Por ello, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) inició un expediente de reposición de la legalidad.

El vecino que denunció la licencia en 2010 no está personado en la causa, abierta de oficio por la Fiscalía. El juzgado número 2 de Viveiro remitió en los últimos días al Penal de Lugo el expediente.

ORIGEN. Los antecedentes del caso se remontan al año 2000, en el que el gobierno del PP de César Aja otorgó la licencia inicial condicionada a la solicitud de apertura. En el verano de 2009 hubo diferentes reuniones de los grupos municipales, el comité y la empresa ante la solicitud de esta para la ampliación de las instalaciones.


La regidora esgrime que la licencia se otorgó por unanimidad en pleno para defender el empleo


Los portavoces dirigieron un escrito al pleno para que instase a la junta de gobierno a dar el permiso por entender que suponía ampliar la actividad para la que se otorgó la autorización inicial y que seguía vigente la autorización expresa de la Xunta de 1999 para uso industrial de la zona. Además, la empresa indicaba que de no lograr la licencia buscaría ubicación fuera de Viveiro y la obra era prioritaria para mantener el empleo.

REACCIONES. La regidora recordó este jueves que la licencia se otorgó por unanimidad en pleno para defender los puestos de trabajo y solicitó respeto para los tiempos judiciales. El pleno acordó en noviembre de 2014 dirigirse al Consello Consultivo para iniciar la revisión de oficio de la licencia, con apoyo de BNG e Ivi y abstención del PP.

El exalcalde César Aja, quien defendió una moción en un pleno con los pasos para regularizar la situación, critica que no se hiciese nada. "La inconsciencia y abandono de este gobierno no tiene parangón", subraya.

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