HABRÁ quien piense que el Concello de Lugo se metió en los últimos años donde no le llamaban. La Xunta se lo dijo así de clarito en alguna ocasión, sin el menor pudor, cuando el gobierno de José López Orozco reclamaba más financiación para servicios que según la ley debería prestar la Administración autonómica pero que «por deixación de funcións» fue asumiendo el Concello. Guarderías, atención a mayores y discapacitados, becas a familias para libros y comedores, ayudas al alquiler para personas con escasos recursos, talleres de formación e inserción laboral que, aun siendo pequeños parches, ayudaron a comer y a mantener la dignidad a un buen puñado de familias... Los beneficiados de todos estos servicios constituyen buena parte de la base electoral del PSOE, sería una ingenuidad obviar que esa es una de las razones de la apuesta por ellos. Convendría también un riguroso examen para comprobar si la ayuda llega a quien más lo necesita. Y es probable que, en muchos casos, la respuesta pueda ser más rápida -el BNG, que formó parte del gobierno y se le supone conocimiento de la maquinaria, no deja de repetirlo-. Pero sea como fuere, el caso es que el Concello de Lugo lleva años contribuyendo al bienestar de muchos ciudadanos porque a quien le competía ocuparse de esos asuntos estaba a otra cosa. Sembrando Galicia de parques empresariales hoy vacíos -y no toda la culpa es de la crisis- o enterrando dinero en la Cidade da Cultura. El ejemplo es manido, sí, pero ilustra muy bien las prioridades de las administraciones. Tampoco significa que el Concello acertara siempre (véase el MIHL, un museo que costó unos 10 millones de euros y al que probablemente no se le está sacando el rendimiento adecuado), pero ese es otro capítulo.
Y cuando al fin llega la tan esperada reforma del sector público local, que debería poner orden y ajustar competencias y financiación, el Gobierno saca una norma que complica las cosas todavía más. En un texto que atenta contra el principio constitucional de autonomía de los ayuntamientos, reconocido también por la UE, la nueva ley prohíbe a los ayuntamientos ofrecer todos esos servicios. En algunos casos establece moratoria y en otros, como todo lo relacionado con el empleo, la norma está vigente desde principios de año. La única posibilidad de que el Concello pueda seguir haciéndose cargo de esas prestaciones es que la Xunta le autorice y le pase la financiación correspondiente (si no lo hiciera, Hacienda le retendría el equivalente de las transferencias del Estado). Hay otra opción, pero para municipios valientes. O, mejor dicho, para haciendas prósperas. Según explicó la asesoría jurídica de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) en respuesta a una consulta del Concello de Lugo, los municipios podrán ejercer competencias impropias con fondos propios si no ponen en riesgo su estabilidad financiera, si no hay ningún ente público que las preste y si la competente les da permiso.
Por raro que parezca a algunos, eso es lo que quiere hacer el Concello. Porque cree que la administración local es más indicada para prestar determinados servicios, al ser la más próxima a los ciudadanos; porque son prestaciones que la gente necesita ahora más que nunca y la Xunta no asume, salvo con subvenciones cada año más pequeñas, y porque, precisamente por esa razón, ha optado por destinar parte del presupuesto municipal a ellos en vez de a otras cosas, como obras. Y porque en ello le van parte de los votos, no olvidemos.
Pero como el resto de concellos gallegos, el de Lugo está atado de pies y manos. Se ha cumplido un mes del nuevo marco legal y la Xunta no ha dicho esta boca es mía. Todo más, que iniciará un proceso para modificar la Lei de Administración Local de Galicia, de 1997, para, dentro de sus competencias, matizar aquellos aspectos que no le convencen. Aunque poco se sabe de qué es lo que no le convence, más allá de la potenciación de las diputaciones frente a la Xunta para garantizar servicios básicos en ayuntamientos pequeños y la débil apuesta por las fusiones municipales.
¿Cuáles son las consecuencias?
La Xunta no ha reunido a los concellos ni ha explicado qué piensa hacer ni cómo deben proceder los ayuntamientos que deseen seguir prestando servicios que no le son propios. Una de las primeras consecuencias de esa inacción se vio esta semana. Con el informe jurídico de la Femp en las manos, el Concello explicó que no puede convocar las subvenciones que había anunciado para pymes, Unos 400.000 euros que proceden de remanentes municipales, aunque de 2012, lo que tampoco dice mucho del ritmo de gestión del gobierno local. Tampoco se sabe qué va a pasar con el resto de servicios impropios que presta. La reforma legislativa no parece obedecer a otra cosa que no sea limitar las capacidades y el poder de los concellos, pero parece improbable que otra administración asuma toda esa labor que, en mayor o menor medida, según los recursos y la voluntad, llevan a cabo los ayuntamientos. Así las cosas, puede que no cambie nada o que, como vaticinan los más pesimistas (realistas bien informados, dirían algunos) muchos de esos servicios acaben siendo privados. Un camino parecido al que está abocando otra decisión gubernamental, la de limitar la contratación de personal a las administracions públicas, una restricción decretada para todas por igual, estén endeudadas hasta los tuétanos o mantengan un aceptable equilibrio presupuestario, como el caso de Lugo. Y en Lugo está el ejemplo. En este momento, el Concello lleva a cabo labores de mantenimiento de la ciudad, a la par que de inserción sociolaboral, a través de empresas con el compromiso de que estas contraten trabajadores que, directamente, el Ayuntamiento no puede emplear.
