NCG no cree haber ''estafado'', aunque sí ''defraudado''

Novagalicia Banco (NCG) cree que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no ha estafado a sus clientes tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, aunque sí ha defraudado las expectativas de muchos.

El director de la Asesoría Jurídica de Novagalicia Banco, José Eduardo Álvarez-Naveiro, hizo esta consideración durante su intervención en la subcomisión de Transparencia del Congreso.

En concreto, en su intervención a puerta cerrada, Álvarez-Naveiro aseguró que desde el punto de vista estrictamente jurídico no podía "asumir en modo alguno" que la entidad haya estafado a sus clientes.

"Evidentemente, hemos defraudado las expectativas de muchos" y por eso hemos puesto en marcha el arbitraje. Dentro de lo que podíamos hacer, hemos hecho todo lo posible", dijo Álvarez-Naveiro, que explicó que ya se han recuperado 300 millones de inversión en estos productos.

Añadió que, si antes de la comercialización de estos productos se hubiera sabido lo que ha pasado, "seguramente no se habrían comercializado", según dijo Álvarez-Naveiro, que abogó por reforzar los mecanismos de los test de conveniencia e idoneidad de los clientes, y pidió que sean comunes a todas las entidades y configurados por la CNMV.

Álvarez-Naveiro también hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo que declara nulas las "cláusulas suelo" de BBVA, Novagalicia Banco y el grupo liderado por Cajamar, y que establece que para que éstas no se consideren abusivas deben ser "comprensibles" y "transparentes".

Sobre este asunto, el director de la Asesoría Jurídica de Novagalicia Banco explicó que la entidad, al igual que las otras dos, ha pedido una aclaración sobre cómo ejecutar la sentencia, ya que no es fácil discernir a qué cláusulas afecta.

"Queremos tener claro cómo enfocar esa ejecución porque es muy importante para los clientes y para el banco, porque tiene unos efectos patrimoniales sumamente relevantes", manifestó Álvarez-Naveiro, que criticó que la sentencia demanda nuevas exigencias de transparencia que no están en la ley.