TIRARSE un dique flotante a la cabeza. Nada menos. Como si de un trasto descomunal se tratase. Sin importar demasiado ahora para qué demonios sirve y cuáles son las alternativas para que Navantia pueda optar a la incorporación de una infraestructura clave también para Ferrol y Galicia. Así anda nuestra clase política a cuento de las últimas advertencias de Bruselas, que dejó muy claro, simple y llanamente, que la financiación pública para la construcción del dique, tal y como planteaba el Gobierno español en sus consultas, se considera ayuda de Estado y contraviene la normativa comunitaria.
Resulta más eficaz políticamente eso, tirarse los trastos y el dique flotante a la cabeza, antes que buscar alternativas financieras, que las hay y muchas, al tratarse de eso, de una infraestructura. Si salimos de Ferrolterra, es mejor reservarse la pregunta de para qué sirve un dique flotante, y así nos evitamos situaciones bochornosas ante aquellos que, sin rubor ni criterio, jalean la polémica a base de titulares.
Básicamente, para entendernos, el dique flotante permitiría a Navantia incorporarse al mercado de reparación de grandes buques y barcos de última generación, principalmente gaseros, una de las áreas de negocio más pujantes en este momento en el mundo. El proyecto inicial, con el bipartito en San Caetano, marcó un presupuesto de 60 millones. Posteriormente y tras varias modificaciones, los técnicos de Navantia y la Sepi, su propietaria, consideraban necesaria una inversión de casi el doble. Finalmente, son unos cien millones de euros, que en estos momentos están en el aire.
Demonizado una vez más el comisario Joaquín Almunia, que está más que de salida en esta historia y en la Comisión Europea, toca ahora mirar hacia adelante con o sin dique flotante. Y es entonces cuando nos topamos con una fecha en el calendario: 1 de enero de 2015. En cuatro meses se hace efectivo el levantamiento del veto impuesto al grupo de astilleros públicos por parte de Bruselas, que se deriva de los compromisos contraídos por España en 2004, entre los que se encuentra la limitación de las ventas civiles de Navantia hasta un máximo del 20% de sus ingresos totales, computados en medias de tres años.
Es la oportunidad de oro tanto tiempo esperada. Y, con los precedentes que tenemos sobre la mesa, con unos problemas de gestión más que manifiestos a través de la incapacidad de sus responsables para lograr contratos en los últimos años, cualquier pregunta sobre el futuro inmediato de los astilleros públicos se presenta trascendente e invita, como mínimo, a la inquietud. ¿Está preparada Navantia para afrontar con garantías el fin del veto? ¿Han hecho los deberes sus gestores, beneficiarios en los últimos meses de contratos propiciados única y exclusivamente desde la esfera política? ¿Es competitivo el grupo público en el segmento civil? ¿Responde a algún plan oculto la paralización de un programa estratégico que se había anunciado para los primeros meses de este año? ¿Cuáles son los cambios necesarios para abordar la nueva situación?
Cuando hablamos de Navantia, por desgracia, las conjeturas priman sobre las certezas. Una pista ya la tenemos, y no pinta nada bien. El Ministerio de Defensa se ha hecho fuerte en el sector público de la construcción militar naval. Sin dar demasiadas explicaciones, el Gobierno ha colocado en pleno verano todos los derechos políticos, que no económicos, de empresas públicas como Navantia bajo la órbita de Pedro Morenés, en detrimento de Hacienda y de Cristóbal Montoro.
Morenés liderará la acción del Gobierno en el sector industrial de la defensa, “y lo hará en relación con los procesos de reestructuración y consolidación de la misma a nivel nacional e internacional». Lo dice todo el Ejecutivo sin apenas contar nada. Y en el cajón, los planes para constituir un nuevo consorcio a nivel europeo, similar al aeronáutico con Airbus, pero para la construcción naval de carácter militar. Y esa estrategia pasa más que presumiblemente por la segregación de actividades una vez levantado el veto a la construcción civil. Si se apuesta de forma decidida por crear ese consorcio europeo, en el que entrarían a formar parte, además de España, Francia, Alemania e Italia, el troceamiento de Navantia en dos divisiones (militar y civil) es un hecho.
Repasar la historia de Navantia, y de las dos grandes empresas que en su día conformaron el grupo público (Astano y Bazán) y que fueron fusionadas en julio del año 2000, equivale a abrir de golpe la ventana del desarrollo económico de Galicia nada menos que durante tres siglos (desde la construcción del Arsenal de Ferrol). Ahora, llega la última llamada para nuestros astilleros.
De contribuyentes a 'strippers'
VOLUNTARIOSO Julio Ransés Pérez Boga. El coruñés, que preside la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado desde hace un par de años, está demasiado acostumbrado a recibir la callada por respuesta a todas cuantas propuestas presenta ante el equipo del ministro Cristóbal Montoro. Por eso, quizá, se apunta ahora a la hipérbole. Entre las muchas iniciativas que plantea su asociación para luchar contra el fraude, en líneas generales bastante atinadas, desentona especialmente una: desvelar toda la información tributaria de los contribuyentes, convertidos en una suerte de “strippers” fiscales al margen de cuanta normativa de protección de datos se ponga por delante.
¿La razón? A juicio de Pérez Boga, resultaría un ejercicio de transparencia (eso nadie lo duda) que propiciaría muchas más denuncias ante el fisco, en el caso de contribuyentes que oculten propiedades, ingresos o actividades no declaradas. Es decir, con los “strippers”, emergerá otra figura: el delator fiscal. Llaman la atención este tipo de propuestas de máximos cuya efectividad es más que cuestionable cuando otras de las iniciativas de la asociación deberían ser más que bienvenidas.
Por ejemplo, la creación de una Oficina Nacional Antifraude, la puesta en marcha de juzgados especializados en delitos económicos e, incluso, el nombramiento del responsable de la Agencia Tributaria a cargo del Parlamento, en un intento por dotar de independencia a la cúpula del organismo. Pérez Boga hace ruido con sus propuestas, que por nosotros no quede, viene a subrayar. Pero qué tal si empezamos por dotar de más medios a la Agencia Tributaria.
JUAN LUIS ARREGUI. Pontevedra debe aprovechar el fin de Ence en Huelva
El presidente de Ence suele estar abonado a los hechos, más que a las palabras. Y ya sea tanto para hablar como para tomar decisiones, la contundencia siempre acompaña a Juan Luis Arregui. La última entrega ha sido el cierre de la actividad pastera en la planta de Huelva, con un expediente de regulación de empleo para 300 trabajadores, y su reconversión en un polo energético. A Ence le quedan Navia (Asturias) y Lourizán como ejes de lo que fue en su día su capital actividad: la celulosa. El fin de la actividad en Huelva debería permitir que la planta de Pontevedra aprovechase la oportunidad para concentrar más producción de pasta, pero hete aquí que nos encontramos con una fábrica que ha paralizado sus inversiones en la ría hasta que se despeje su futuro. De todo ello algún día se tendrán que sentar a hablar Arregui y los responsables de la Xunta, para resolver lo que es ya un auténtico sudoku.
MIGUEL ÁNGEL ESCOTET. Caspa localista en la fundación de las antiguas cajas
Si algo resolvió de un plumazo Banesco al hacerse con Novagalicia fue la eterna cantinela de la sede. El domicilio social de lo que es ahora Abanca estaría en Betanzos, donde se ubica el Etcheverría, una decisión salomónica que en un principio no parecía muy meditada pero que resultó un cortafuegos ante las pulsiones localistas de esta Galicia nuestra. Ese amargo jarabe del localismo lo probó Miguel Ángel Escotet, y a buen seguro le quedó regusto de perplejidad. El director de Responsabilidad Social Corporativa de Abanca, que preside también la fundación de las antiguas cajas, lidia con un patronato de 28 miembros, de los cuales nueve son nombrados por el banco. Vigo y A Coruña volvieron a rancias andadas en cuanto a la sede operativa, institucional y social para la fundación, y más de una vuelta tuvieron que darle al tema en Abanca.
(Publicado en la edición impresa el 6 de septiembre de 2014)
