Visto así, cuando PSOE, BNG e IU-ICV exigen al Gobierno la abolición de penas de cárcel para quienes participen en huelgas o manifestaciones, pudiera parecer que por manifestarse o declararse en huelga se corre el serio peligro de acabar, sin más, en chirona. Claro que leyendo la letra pequeña atañe a los que coaccionen, formen parte de piquetes violentos, causen destrozos durante las protestas…, y lo que se pide es que se excuse de delito o culpa a quienes vulneren la ley. Es decir, que se les permita transgredirla sin resultas penales en vez de reprimirse y acatarla, que es lo que toca en un Estado de Derecho. Muy democrático. Por pedirlo también pueden hacerlo los ladrones de coches, atracadores de bancos o todos los que se salten a la torera los preceptos establecidos en el Código Penal. Cuesta trabajo creer que se llegue al extremo de reclamar amparo para todos los que atentan contra bienes privados o públicos o no respeten los derechos individuales de todos los ciudadanos, por muy justificadas que estén sus reivindicaciones. España es diferente.
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