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Medios para la Justicia

Jueces para la Democracia presentó ayer una demanda de conflicto colectivo contra el Ministerio de Justicia por la sobrecarga de trabajo que padecen los magistrados españoles. Afecta especialmente a causas «complejas» como las de corrupción. Provoca una sensación de impunidad en los imputados y para la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos.

Esta demanda de una asociación de jueces es un hecho extraordinario, relevante, que se justifica en una situación grave. Un ejemplo de la sobrecarga de trabajo en los tribunales está en un juez de lo Social en Madrid que murió de infarto. Esa misma mañana en que falleció tenía 20 juicios. Y otro ejemplo, que llega desde Andalucía, habla de que el Tribunal Superior de aquella comunidad no dispone de medios para asumir todas las casos que en cuestión de tramas de corrupción instruye la jueza Alaya.

España, según Jueces para la Democracia, está a la cola en Europa en ratio de jueces por habitante, por detrás de Moldavia o Albania. Es una necesidad modificar ese índice, tanto si quiere tomar en serio la lucha contra la corrupción -sin sucedáneos para distraer como esas escenificaciones de Esperanza Aguirre con los aspirantes a candidatos por el PP en Madrid-, como para dar servicio en tiempo justo a los ciudadanos que han de recurrir o se ven implicados en casos judiciales.

La primera medida contra la corrupción es facilitar la acción de la Justicia. La resistencia al aumento del número de jueces se explica por motivaciones políticas, no por crisis de la economía. Suena a maniobra de distracción y a obviar la propia responsabilidad cuando los políticos piden celeridad a los jueces cada vez que aparece un cargo público imputado. Es una asignatura pendiente desde la transición la reforma de la Justicia, que ha de transmitir una separación real a todos lo niveles de los poderes legislativo y ejecutivo.

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