La Diputación, o por lo menos eso repite reiteradamente su presidente, José Ramón Gómez Besteiro, pretende crear nuevas líneas de participación ciudadana y, con este objetivo, está en pleno proceso para elaborar unos presupuestos en 2015 que reflejen, dentro de lo posible, los deseos de los ciudadanos. Durante el verano, la entidad provincial ha convocado asambleas en todas las cabeceras de comarca de la provincia y ha recogido las opiniones que en estas reuniones fueron vertiendo los ciudadanos, en su mayoría representantes de asociaciones sociales de distinta índole. Lo sorprendente es que de todo este trabajo y de las numerosas horas que pasaron dialogando paisanos y autoridades -porque algunas de las reuniones fueron maratonianas- han salido muy pocas ideas nuevas en las que gastarse los millones de euros que maneja la Diputación.
Los lucenses quieren que la administración provincial destine la mayoría de los fondos a inversiones que fomenten el empleo, en un periodo de paro alarmante; mejoren las infraestructuras, en un territorio de orografía complicada y palíen las deficiencias en servicios sociales, que padecen con resignación los habitantes de los municipios más pequeños. Además, en estos encuentros quedó patente la preocupación que existe por la despoblación, tal vez el problema más acuciante y el más difícil de solucionar, porque los jóvenes huyen en busca de alternativas de futuro y el envejecimiento poblacional del medio rural supone un lastre económico-social.
Tras las asambleas, curiosamente, las conclusiones que ha sacado la Diputación sobre la opinión de los vecinos son prácticamente idénticas a las que ha defendido Besteiro para los presupuestos desde que llegó a la presidencia de la entidad, allá por el 2007, y especialmente desde que renovó el cargo en 2011. También son las mismas ideas que se expusieron en aquel plan estratégico de la provincia, presentado a bombo y platillo en el pazo de San Marcos y del que nunca más se supo.
Visto desde fuera, da la sensación de que el experimento de los presupuestos participativos, al margen de lo encomiable que es cualquier iniciativa destinada a dar voz a los ciudadanos y no solo voto, ha servido de muy poco a la hora de buscar una solución innovadora a los múltiples y complicados problemas que sufre la provincia.
Sin embargo, la iniciativa de la Diputación sí que ha permitido constatar que el engranaje social lucense está muy bien engrasado y, sobre todo, que los ciudadanos quieren que los políticos escuchen sus demandas. Según los cálculos de la entidad provincial, a las asambleas asistieron unos mil lucenses, en su mayoría representantes de las 500 asociaciones que participan en el proyecto, pero también muchos particulares que deseaban que sus propuestas fueran escuchadas.
Con una población de unos 330.000 habitantes, el millar de participantes puede parecer reducido, pero la realidad es que, comparando con otras experiencias parecidas en España, puede calificarse de éxito. En Sevilla, por ejemplo, con una población de casi dos millones, asistieron a las reuniones poco más de 23.000 personas y en Rubí (Barcelona), de 62.638 empadronados, solo opinaron 121.
Está claro que los presupuestos participativos no van a ser la varita mágica para resolver los mil y un males que sufre la provincia, pero las asambleas celebradas para este proyecto sí que han valido para demostrar que los ciudadanos están dispuestos a implicarse para lograr un futuro mejor, especialmente en el medio rural, donde muchos han nacido, viven y quieren seguir viviendo, aunque resulte muy difícil.
Vecinos y políticos parecen coincidir en que el futuro de la provincia pasa por atajar la despoblación, para lo que la única salida es generar perspectivas de futuro en el medio rural. Hay que mejorar las infraestructuras e incrementar los servicios al ciudadano, al tiempo que se apoya al sector primario y a las iniciativas empresariales que aprovechen, de forma sostenible, la riqueza natural de la provincia. En ese sentido, los presupuestos participativos no aportan nada que ya no supiéramos. Lo que realmente hace falta ahora es que las instituciones superen las diferencias partidistas y hagan políticas globales, remando en el mismo sentido, para corregir las notables deficiencias que tiene la provincia. Los problemas que hay ya los sabemos y los sufrimos los lucenses desde hace décadas, por lo que no es necesario darles más vueltas. Lo que hay que hacer es actuar con decisión y eso no lo puede hacer solo la Diputación, por mucho que escuche en vivo y en directo la opinión de los ciudadanos.
(Publicado en la edición impresa el 31 de agosto de 2014)
