Más de 2.500 personas con discapacidad intelectual o trastornos mentales pueden perder su empleo en Cataluña si se aprueba el proyecto de ley de presupuestos del Estado, que recorta un 56% las partidas para la inserción y elimina la discriminación positiva para los discapacitados psíquicos.
Según han denunciado las dos grandes agrupaciones de discapacitados intelectuales de Cataluña, Ammfeina y Dincat, con motivo de la conmemoración hoy del Día de los Trabajadores, el proyecto de ley de Presupuestos Generalites del Estado "ni tan siquiera garantiza la financiación del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los Centros Especiales de Trabajo (CET), de obligado cumplimiento normativo".
Las dos federaciones han advertido que con ello "se ponen en riesgo a corto plazo más de 2.500 puestos de trabajo protegidos de especial dificultades de los 7.300 que hay actualmente en Cataluña repartidos en 100 entidades sin ánimo de lucro".
"También peligran las entidades que apostaban por el Trabajo con Apoyo como herramienta para integrar a estos colectivos en la empresa ordinaria, y que en los últimos dos años había atendido a más de 4.500 personas en programas de inserción especializadas de entidades sociales", según Ammfeina y Dincat.
Estas dos asociaciones de discapacitados intelectuales denuncian que la partida del estado destinada a subvenciones para la inserción laboral en Cataluña se ha reducido un 56 % con respecto al 2011, hecho que no garantiza "ni siquiera los compromisos que la legislación vigente adquiere con los CET".
Las dos federaciones, que agrupan a más de 30.000 familias de personas con discapacidad intelectual y transtorno mental, alertan de que "la falta de medidas y la disminución de recursos significará un grave retroceso para las personas con discapacidad, en un momento en que aún no se habían conseguido la plenitud de derechos".
"La destrucción de empleo, junto con el paro de creación de plazas de centros ocupacionales, abocan a este colectivo a un regreso a casa, hecho que tiene consecuencias graves, no solo desde el punto de vista de la inserción social, sino también en cuanto a la salud y la pérdida de hábitos cotidianos y relacionales, abocando a un mayor gasto por parte de la Administración a medio y largo plazo", concluyen las dos federaciones.
