El diputado no adscrito y presidente de Suplusa, Manuel Martínez, ha acusado al BNG de ser "el mamporrero oficial del socialarribismo", después de que los nacionalistas hayan planteado la disolución de la Sociedad del Suelo Provincial. Así ha afeado que el BNG intente llevar a los plenos "los elementos o las propuestas que ellos (por el PSOE) no tienen valor a llevar o que llevaron y que perdieron por mayoría", una mayoría que tienen el PP y el no adscrito tanto en los plenos provinciales como en el consejo de administración de Suplusa.
A juicio de Martínez, el grupo de gobierno socialista "no acepta que esa mayoría que decide en el pleno, no le esté dando la razón y utilizan todos los medios", en este caso al BNG, "como lanceros del socialarribismo que está llevando a esta institución y a esta provincia a unos limites que no son imaginables".
Por su parte, la portavoz de los populares, Elena Candia, avanzaba que su grupo no va a apoyar la disolución de Suplusa, habida cuenta de una "demanda" ante el juzgado de lo mercantil, instando a dicha disolución, que desveló que había presentado a finales de julio el gobierno que preside Darío Campos.
El portavoz del BNG, Xosé Ferreiro, ha puntualizado que ellos propugnan esto porque se trata de un organismo "de la Diputación que le hace la contra a la propia Diputación, cosa que es lo más absurdo que se pueda imaginar", censuró.
El presidente provincial, Darío Campos, ha defendido la necesidad de "eliminar un chiringuito", en relación a Suplusa, que está abocando a la Diputación a retrasar "la apertura" de las residencias para la tercera edad en la provincia. Además aprovechó para emplazar a la Xunta a que "aporte algo" a estas residencias, dado el déficit de plazas públicas en la provincia.
A este respecto, el portavoz socialista, Álvaro Santos, ha concretado que la "ley de Servicios Sociales de Galicia" recoge que "la Xunta debe de promover convenios con las entidades locales para mejorar la oferta de plazas públicas en el territorio gallego, en este caso en Lugo y no lo hace". "Hoy tenemos casi 2700 plazas privadas —para mayores— en la provincia, frente a seiscientas públicas. Queremos romper esa dinámica, y que la Xunta cumpla esa ley de Servicios Sociales", ha apremiado finalmente Santos.
