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Lugo no es Santiago, pero casi

LAS COMPARACIONES son a veces odiosas o eso es lo que cree el alcalde José López Orozco, que ayer se encendió con las declaraciones del día anterior en las que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trataba de restar importancia a la grave crisis del Concello de Santiago instando a su partido a «non caer na situación de Lugo e Ourense», en alusión a las imputaciones de políticos y funcionarios en el caso Pokemon. «Manda truco», dijo Orozco sobre las declaraciones de Feijóo, que luego calificó como «ofensa» para los lucenses e incluso para los gallegos, así como un acto de «escapismo inaudito».

Claro que si bien es cierto que en Lugo no se da el esperpento de un alcalde que busca concejales por las esquinas tras la dimisión de nueve ediles, tampoco el Concello lucense es un ejemplo de estabilidad, con un gobierno local en minoría, su alcalde imputado en el caso Pokemon y un funcionariado salpicado no solo por este caso, sino por otros abiertos en los últimos años como el Carioca, el Garañón, la retirada de multas o por denuncias sindicales por presunta prevaricación.

El goteo siguió esta semana y la jueza Pilar de Lara, que investiga la trama de corrupción de empresas que compraban el favor de los políticos, decidió acusar de cohecho al exconcejal de infraestructuras José Piñeiro, así como a cuatro ingenieros de tres servicios municipales, todos ellos supuestos receptores de regalos como relojes alta gama.

Los nuevos imputados pasan así a engrosar una larga lista de empleados y extrabajadores del Concello que están encausados en diversas investigaciones, como la que instruye la jueza Hortensia Bouso y que trata de determinar si hubo un uso irregular del silencio administrativo para favorecer el cobro de pluses de unos funcionarios frente a otros. En este caso, los encausados son una empleada del servicio de personal y el exsecretario municipal Luis Regal, que llegó a reclamar judicialmente por este método el cobro de 125.000 euros, aunque luego el TSXG se lo denegó.

El caso Garañón, que investiga la polémica urbanización junto al parque Rosalía de Castro, también llevó ante la jueza en calidad de imputados a tres jefes de servicio del Ayuntamiento, en concreto de los departamentos de arquitectura, urbanismo y licencias.

Pero si hay asunto que llegó a salpicar a un mayor número de funcionarios fue la supuesta trama de retirada de multas de la Policía Local, en la que la jueza Estela San José citó como imputados a cerca de 80 agentes que lo único que llegaron a constatar es el descontrol en la tramitación de las sanciones.

Por ello, con cerca de un centenar de funcionarios que han tenido que recurrir a abogados para defenderse de las acusaciones, con el supuesto coste para sus bolsillos que les causa, resulta lógico el ambiente de cautela que reina tanto en las oficinas municipales como en la Policía Local a la hora de actuar, ya que la lupa judicial parece estar sobre cada papel que se mueve en el Concello.

El problemas es que la situación está afectando también a los administrados, que ven como algunos trámites municipales se retrasan, cuando no se eternizan. Las quejas más habituales llegan de quienes tramitan algún tipo de licencia de construcción que requiera de varios informes o de una interpretación de la normativa urbanística. Si se trata de zona Pepri, la espera es todavía mayor.

Hace unos meses el gobierno local se felicitaba de haber dado la primera licencia para un edificio en mucho tiempo, aunque parece ser que el promotor de este bloque de viviendas llevaba dos años esperando por el permiso por los problemas burocráticos que se había encontrado. También las empresas se quejan de la tardanza a la hora de obtener los permisos para levantar naves en polígonos industriales y es que no solo la acumulación de trabajo de los departamentos municipales retrasa los permisos, también estaría provocando demoras el celo de los funcionarios para que en los expedientes no queden cabos sueltos que puedan dar lugar a malinterpretaciones y a un inesperado paso por los juzgados.

El puente de Paradai podría optar a un premio a la falta de planificación

El puente de Paradai ya era sinónimo de chapuza incluso antes de haberse iniciado su construcción. La polémica sobre a qué administración correspondía demoler las construcciones que ocupaban los terrenos sobre los que se iba a levantan el viaducto demoraron las obras y las mantuvieron paralizadas durante casi un año.

El siguiente desencuentro entre la Xunta y el Concello llegó a cuenta de los permisos de ocupación de los terrenos propiedad de Adif, solicitados una vez comenzó a trabajar la empresa adjudicataria del puente y no antes, como haría cualquier ciudadano o empresa que pretenda hacer una obra.

Reiniciados los trabajos, el enésimo atasco llega tras detectarse que no se puede demoler la tubería de la red de abastecimiento afectada por el viaducto, debido a que la conducción alternativa que se debería haber construido en la calle Pedáneo Juan Diego no llegó a ejecutarse.

La Xunta pidió esta semana una reunión urgente de la comisión de seguimiento del plan Paradai para ver qué solución se le da al problema, ya que alega que mientras no se construya una red alternativa no se podrá trabajar en la zona donde se ubican las tuberías que deberán ser eliminadas.

El alcalde cree que técnicamente no tiene que ser complicado habilitar una nueva tubería, aunque no aclara a quién corresponde asumir el coste de esta nueva chapuza, una más en un proyecto que podría optar a un premio a la obra de ingeniería peor planificada.

(Publicado en la edición impresa el 7 de junio de 2014)

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