LA PROVINCIA de Lugo y sus moradores, generalmente tranquilos y caracterizados por recibir lo que caiga con resignación, llevan desde el pasado verano desempeñando un papel protagonista en la política gallega, como territorio desde el que, a través de ayuntamientos o colectivos sociales, se está liderando el movimiento de oposición en Galicia a los continuos recortes presupuestarios que el PP está aplicando desde la Xunta y el Gobierno central.
Los promotores de esta rebelión, nacionalistas del BNG y socialistas, están consiguiendo que los focos mediáticos se centren en sus iniciativas, al tiempo que los debates de O Hórreo -que ya estaban de capa caída, salvo cuando el portavoz de Age, Xosé Manuel Beiras, protagoniza una salida de tono- se quedan en un puesto secundario de la actualidad política.
El primer episodio de la rebelión lucense tuvo un carácter eminentemente social. La Federación de Vecinos de Lugo y el colectivo social Abre la Muralla iniciaron el año organizando manifestaciones en la capital para exigir la implantación de las especialidades de Hemodinámica, Radioterapia y Medicina Nuclear en el hospital Lucus Augusti, una promesa que había hecho el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguración del centro sanitario, y que no se había cumplido. El evidente apoyo ciudadano a la iniciativa se materializó a finales de enero en una gran concentración de protesta ante el recinto ferial de Lugo, donde se celebraba el congreso del PP de Galicia, y obligó a la Xunta a prometer el servicio de Hemodinámica en horario de mañana. Sin embargo, el compromiso no fue suficiente para saciar las reclamaciones ciudadanas y la movilización continúa, ahora con una exitosa recogida de firmas para que la especialidad se establezcan en el Hula las 24 horas como en otras capitales gallegas.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
El segundo episodio de la rebelión lucense no fue provocado por la Xunta, sino por el Gobierno de Rajoy y su proyecto de ley para la reforma de la administración local, que hizo saltar las alarmas entre los municipios lucenses. La normativa propuesta por el Ejecutivo, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, prácticamente deja sin competencias propias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que en la provincia de Lugo son todos menos el de la capital, y traspasa sus responsabilidades a las diputaciones.
El malestar de los alcaldes era y sigue siendo generalizado, incluso entre los del PP, pero el primero en dar el paso fue el regidor de Monforte, Severino Rodríguez (BNG), que el pasado mes de junio reunió a representantes de 25 ayuntamientos, gobernados por nacionalistas o socialistas, y puso en marcha un movimiento de protesta. La iniciativa, a la que después se unieron otros municipios de toda Galicia, desembocó en una auténtica revuelta en el seno de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), dominada por el PP. Los alcaldes ‘discolos’, encabezados por el monfortino y los socialistas José Luis Raposo (Pedrafita do Cebreiro) y Primitivo Iglesias (A Pastoriza), plantaron batalla en la asamblea de la federación e, incluso, amenazaron con la escisión, lo que obligó a la ejecutiva a mostrar su oposición explícita al proyecto legislativo y a respaldar una serie de alegaciones para modificar el borrador en el Congreso.
ESPÍRITU DE RIOTORTO
A la revuelta contra la reforma de la administración local -que todavía no está del todo cerrada, a la espera de cómo la Fegamp defienda las alegaciones al proyecto en Madrid-, se le suman ahora otros dos frentes: la oposición al copago de medicamentos dispensados en los hospitales, que estableció el Gobierno central, y el rechazo al incremento del canon que Sogama cobra a los ayuntamientos por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, respaldado por la Xunta.
El alcalde de Riotorto, el nacionalista Federico Gutiérrez Estoa, fue el que lanzó la campaña contra el copago farmacéutico, al convertirse en el primer regidor de toda España en anunciar que su Ayuntamiento asumiría este nuevo gasto de los enfermos crónicos y convocar una asamblea para que el tejido asociativo gallego uniese fuerzas contra el nuevo «abuso» del Gobierno de Rajoy. Lo que días más tarde el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, calificaría como ‘o espíritu de Riotorto’ tuvo una proyección mediática que ni sus promotores podían imaginar. Fue noticia destacada en la mayoría de los periódicos nacionales y en las cadenas de televisión, convirtiendo la pequeña localidad del prelitoral de A Mariña en protagonista de los medios de comunicación.
Un mes después, a la rebelión contra el copago se ha sumado una treintena de concellos gallegos, entre ellos dos del PP, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Boborás (Ourense), y las acciones de protesta ya están en marcha, con alcaldes del BNG de Lugo y Ourense pidiéndole a Feijóo que no aplique la normativa en Galicia, con su presencia física todas las semanas en San Caetano.
SOGAMA
Otro frente de lucha, en el que, por el momento, no se ha iniciado la batalla real, pero se está preparando, es el causado por el incremento del canon de Sogama, que deja a los ayuntamientos en la disyuntiva de elegir entre que las desnutridas arcas municipales asuman la subida o repercutirla en los recibos de los vecinos en pleno periodo preelectoral. Los alcaldes ‘discolos’ de Lugo ya han anunciado que plantearán el problema en la asamblea que la Fegamp celebrará este mes y la polémica está servida.
Para completar el catálogo de rebeliones, también la provincia de Lugo encabeza el rechazo al decreto autonómico de los comedores escolares. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Lugo (Fapacel), que cuenta con el apoyo de otras organizaciones de este tipo de toda Galicia, se han puesto a la cabeza de este frente crítico, que se opone al pago entre 1 y 4,5 euros por niño en los centros públicos.
Las rebeliones impulsadas desde Lugo se están convirtiendo en un innovador sistema de oposición política, tanto a la Xunta como al Gobierno central, bastante más efectivo ante los ciudadanos que el tradicional. Al margen de los movimientos impulsados por asociaciones vecinales o de la comunidad educativa, tanto el PSOE como el BNG, maniatados en el Parlamento por la mayoría absoluta del PP, han comprobado que el poder que ambas formaciones detentan en los ayuntamientos puede servir como trampolín para hacerse oír muy alto e, incluso, para cambiar las cosas.
Además, esta forma de hacer política permite al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y, sobre todo, al portavoz nacional del BNG, cobrar un protagonismo en la prensa, al que no pueden aspirar desde la tribuna de O Hórreo, porque ni el uno ni el otro son diputados.
