Los más de 98.000 habitantes de Lugo contemplan con estupor cómo, cuando se alcanza la ominosa cifra de 40 días, sigue sin que ningún protagonista de este inacabable conflicto, ni Urbaser, ni plantilla, ni gobierno local, tome las riendas para zanjar uno de los más episodios que más está castigando la imagen exterior de la ciudad.
La negociación está en vía muerta, mientras sigue creciendo el coste económico y político de esta huelga, que será irreparable. El sinsentido en el que ha entrado desde hace semanas les está costando dinero, primero, a los dos contendientes, empresa y trabajadores.
La filial de ACS no podrá cobrar íntegramente el canon que le paga el Concello de Lugo, unos 600.000 euros mensuales, que además le ha multado con 30.000 por no prestar adecuadamente el servicio. También tiene que rascarse los bolsillos para hacer frente a los emolumentos del personal que desplaza de otras ciudades. Esa medida tiene un efecto colateral, las sanciones como cuentagotas que le tiene que ir imponiendo la Inspección Provincial de Trabajo por vulnerar el derecho a huelga, que pueden llegar a ser de hasta 180.000 euros. Y aún le falta la cuantiosa minuta que le pasará el gobierno local por tener que recurrir a la empresa pública Tragsa.
