Los sindicatos y la dirección de Alcoa concluyen la reunión sobre la mesa negociadora sin acuerdo

Los representantes sindicales de Alcoa en las factorías de Avilés (Asturias) y A Grela (A Coruña) y la dirección de las empresa han concluido la reunión que han celebrado hoy en León sin alcanzar un acuerdo para la composición de la mesa negociadora, por lo que reanudarán las negociación el próximo día 22 en Madrid.

Además, los sindicatos han reclamado a la dirección de la multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de aluminio la retirada del expediente de extinción de empleo que pesa sobre las plantillas de ambas fábricas.

Tras más de seis horas de reunión, las partes se han levantado sin acuerdo al negarse los representantes de los trabajadores a aceptar la propuesta de la empresa, que pretende que la factoría gallega esté representada por siete miembros del comité de empresa y la asturiana por seis.

Los sindicatos exigen que cada planta esté representada por los 13 miembros del comité de empresa de cada factoría y que se negocie en sus respectivos territorios.

El portavoz del comité de empresa de la factoría de A Coruña, Nazario Arias, ha declarado a EFE a la salida de la reunión que mientras la empresa defiende que se trata de un grupo industrial unitario los sindicatos exigen negociaciones separadas y específicas por las peculiaridades de cada factoría.

Los representantes sindicales han acudido a León con la idea de que no tiene sentido seguir adelante con el expediente de regulación de empleo después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunciara la pasada semana la convocatoria de una segunda subasta eléctrica.

La empresa se comprometió con los sindicatos a paralizar el expediente de despido colectivo en curso en el caso de que obtuviera un precio competitivo de la tarifa eléctrica que facilitara la viabilidad de ambas fábricas

El ministro de Industria desligó el pasado viernes los despidos anunciados Alcoa en Avilés y A Coruña, que suman más de 800 empleados, de la subasta de interrumpibilidad eléctrica, al tiempo que anunció una nueva puja de este servicio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria explicó que ha presentado al Gobierno un informe sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por esta compañía, que la firma achaca a la subasta de interrumpibilidad.

El servicio de interrumpibilidad es una herramienta de la operación del sistema eléctrico por el que se retribuye a determinados grandes consumidores por estar dispuestos a desconectarse de la red si existe una sobrecarga o falta generación.

En la reforma energética aprobada el pasado año, el Gobierno estableció que este servicio -dotado con unos 500 millones de euros anuales- se asignara mediante un mecanismo de subasta, con el objetivo de que resulte lo más barato posible para el sistema eléctrico y, por lo tanto, para el consumidor.

La subasta, celebrada hace pocas semanas, asignó todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas.

El Ministerio defiende el nuevo sistema de asignación del servicio mediante criterios competitivos porque el anterior planteaba "dudas" sobre si podía constituir una ayuda de Estado para la industria.

Alcoa no fue adjudicataria de más bloques porque no bajó los precios ofertados lo suficiente como para hacerse con el servicio.

Antes de que finalice el año se celebrará una nueva subasta de interrumpibilidad para asignar los bloques que quedaron pendientes y que ascienden a unos 200 millones de euros.

Según el Ministerio, Alcoa no tendrá ningún problema para ser adjudicataria tanto en las fábricas de A Coruña y Avilés siempre que puje en "condiciones similares" a como lo hizo para la de Gijón, donde sí obtuvo todos los bloques a los que aspiraba.

Alcoa argumentó su decisión de cerrar sus plantas de Avilés y A Coruña, con 414 y 395 trabajadores, respectivamente, en la carestía del precio de la energía, que según la empresa le llevaría a una situación económica "insoportable".

Según la empresa, la factura eléctrica les supone el 35 por ciento del gasto, lo que provocará que el coste por tonelada pase de 1.170 a 2.120 euros el año próximo, un incremento de 330 euros que considera inasumible.