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Los sindicatos gallegos reciben divididos la aprobación del decreto lácteo

Los sindicatos agrarios gallegos Sindicato Labrego Galego (SLG), Unións Agrarias (UUAA) y Xóvenes Agricultores (XXAA) han recibido con posturas enfrentadas la aprobación del Real Decreto que establece la obligatoriedad de usar contratos escritos para todas las transacciones de leche cruda entre los productores y la industria.

Para el SLG supone un "atentado" contra el sector productor, mientras que UUAA lo considera "un instrumento válido" para marcar unas reglas de juego "eficaces" para la supervivencia del sector primario.

XXAA entiende que el decreto aprobado "plantea más sombras que luces", ya que "a pesar de que la obligatoriedad de formalizar contratos homologados es un paso adelante positivo, la problemática unida a la evolución de los precios percibidos por los ganaderos no queda resuelta". No descarta "medidas de presión" para forzar a aquellas industrias que se niegan a subir los precios a los productores, a pesar de que ya son más bajos que la media española y europea.

Para el SLG, este decreto "impide" la negociación colectiva de precios y "obligará" a firmar contratos por debajo de los costes, además de "privatizar" el control de la producción. En opinión de este sindicato, expresada en un comunicado antes de la aprobación del decreto, la norma "equivale a un torpedo en la línea de flotación" del sector lácteo y lo "condena" a permanecer a merced de los "precios de miseria" que le marquen las industrias y la distribución.

Esta postura contrasta con la de UUAA, que ya le ha pedido a la Xunta "agilidad y eficiencia" en la ejecución del decreto. Este sindicato insta a la Consellería de Medio rural a que convoque las Mesas de leche y de ganadería para analizar "el incremento brutal" de los costes de producción y se aborde en profundidad la situación en los sectores lácteo y cárnico. Piden al Gobierno central que desarrolle el decreto y "que ponga fin a discursos y actitudes nocivas en contra del sector lácteo", como la del presidente del Tribunal de la Competencia, que cuestionó la legalidad del mismo.

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