La Asociación de Promotores de Barreiros (Aprobar) podría reclamar entre 200 y 300 millones de euros a la Xunta, según un dato estimado obtenido de las primeras reuniones entre el colectivo y diversos abogados, después de que el Tribunal Supremo declarase recientemente nulas de pleno derecho las normas impuestas por el ente autonómico en 2007, que ocasionaron el parón urbanístico de la localidad.
Uno de los bufetes consultados fue el de Antonio Platas, decano del colegio de abogados de A Coruña. El director general de la constructora coruñesa Coinasa, Paco Zas, declaró que la asociación barreirense está estudiando que sea este despacho -con una experiencia dilatada en este tipo de procesos y un prestigio reconocido a nivel nacional- el que finalmente represente al colectivo en su querella contra la Xunta de Galicia: «Se está pensando en la posibilidad de asesoría por parte del despacho de Antonio Platas, que ya ha asesorado a Coinasa en numerosas ocasiones».
