La organización no gubernamental Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), con sede en Asturias, responsable del anillamiento de un águila pescadora en la ría ribadense el pasado mes de febrero, culpa a la Xunta de Galicia de «acosar» a la asociación al «presionar» recientemente a la Demarcación de Costas para «ejecutar la denuncia» por la que el gobierno gallego acusa a los ecologistas de haber usado «artes prohibidas» en la captura del ejemplar.
La sanción por esta acusación, que Fapas niega, va de los 6.000 a los 60.000 euros, pero el colectivo denuncia ahora «acoso» por parte del gobierno gallego al saber que «la Xunta presentó la denuncia ante el Servicio Provincial de Costas de Lugo por ocupación de terreno público al colocar la trampa para esta captura que sólo tuvo fines científicos».
Nueva querella
Fapas asegura que la Xunta presenta un documento por el que aduce que la captura se produjo en territorio gallego y que no contó con los permisos de esta autonomía, pero los ecologistas aseguran que el citado informe «se anexiona unas cien hectáreas de superficie que pertenecen a Asturias», por lo que estudian presentar una querella contra la Xunta y sus agentes forestales por efectuar «una falsa denuncia, ya que se falsea también el lugar donde se capturó el águila».
Según el Fapas, el Instituto Nacional de Cartografía, dependiente de Fomento, «deja patente en mapas oficiales que ese terreno es de Asturias».
