Los ayuntamientos del norte lucense limitan la obra pública a actuaciones menores y de conservación casi sin excepción. La situación económica y la necesidad de amortizar la deuda a los proveedores reduce la capacidad de maniobra de las administraciones locales, que también se ven afectadas por la disminución de licitaciones por parte de la Xunta y el Gobierno central.
La paradoja radica en que los concellos deben afrontar ahora múltiples gastos derivados del incremento de los servicios que prestan, que cada vez son más. Este hecho también cuestiona el propio modelo de financiación.