La comunidad de montes de Vilaxuste (Portomarín) ha nombrado una nueva junta gestora, presidida por Gerardo Salvador, en medio de una fuerte división interna. Así, la nueva directiva acusa a sus predecesores de no facilitar las cuentas de la entidad y estos mantienen que los estatutos aprobados son ilegales.
En la asamblea para elegir la nueva dirección se presentaron dos candidaturas, una encabezada por Gerardo Salvador y otra por Xermán Souto, hasta entonces presidente. Esa división en el seno de la comunidad de montes se hizo patente en la votación, ya que de los 30 comuneros que participaron -en total son 32-, 18 apoyaron a la lista de Gerardo Salvador y doce, a la opción continuista. En la nueva directiva estarán también Marcos Sánchez, como secretario, y José Manuel Fernández, como tesorero.
Según explica Gerardo Salvador, en la asamblea se constató que el anterior órgano rector «era ficticio», ya que afirma que no estaba inscrito en el Xurado Provincial de Montes. Además, asegura que tampoco había estatutos, algo que se subsanó en esa misma reunión, en donde se apoyó de forma mayoritaria la propuesta de la nueva directiva frente a la del otro grupo, que presentó su propio texto.
«Agora xa legalizamos a situación porque presentamos no Xurado Provincial os estatutos, a xunta xestora e o censo de comuneros», resalta Gerardo Salvador. Además de echar en cara a la directiva saliente esas irregularidades en los registros, también la acusa de no facilitarle «ningún dato» sobre la situación económica de la comunidad de montes. Por su parte, el grupo que lidera Xermán Souto sostiene que los estatutos aprobados en la asamblea son ilegales por infringir la Ley de Montes, algo que niega Salvador. «Se non fosen legais, non os aprobaría o Xurado de Montes», defiende.
Ambas partes celebraron recientemente un acto de conciliación en el juzgado de paz de Portomarín para tratar de limar asperezas, pero no llegaron a un acuerdo, por lo que el presidente de los comuneros avanza que en breve convocará una nueva asamblea para abordar esa polémica sobre los estatutos y tratar de recabar información sobre la situación económica de la entidad vecinal.
