Los cargos imputados de Adif no declararán hasta noviembre

El magistrado Luis Aláez, que investiga el accidente de tren que el pasado 24 de julio provocó la muerte de 79 personas en el barrio compostelano de Angrois, empezará a tomar declaración dentro de un mes a los cargos de Adif que ha imputado por su supuesta responsabilidad en el siniestro.

Estaba previsto inicialmente que las comparecencias comenzaran hoy pero el magistrado autorizó recientemente el cambio de fechas de algunas declaraciones al considerar justificada suficientemente la imposibilidad de asistencia del letrado de los imputados.

Así, el actual presidente de Adif, Gonzalo Ferre, que había sido citado para mañana, finalmente comparecerá ante el juez el 22 de noviembre mientras que sus antecesores en el cargo Enrique Verdeguer y Antonio González Marín comparecerán el 11 de diciembre a las 10.00 y las 12.30 horas, respectivamente.

Además, entre las personas citadas como imputadas se encuentran los consejeros del ente gestor de infraestructuras ferroviarias desde el 11 de diciembre de 2011, cuando se inauguró la línea del tren Alvia Santiago-Ourense en la que se produjo el descarrilamiento en la conocida como curva de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de la capital compostelana.

En un auto previo emitido el 10 de septiembre, Aláez ya había citado como imputados a cinco responsables del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), que prestaron declaración días después.

Los cinco responsables del gestor de infraestructuras ferroviarias que ya habían sido imputados eran el director de Seguridad en la Circulación, Manuel B.G.; el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando R.S., y el jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio G.D, y completaban la lista los inspectores Carlos A.G. y Roberto S.A.

El descarrilamiento de un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en la curva de A Grandeira, presumiblemente por un exceso de velocidad, causó 79 muertes y heridas a más de 150 personas.

En un auto previo del juez, éste precisaba para argumentar la imputación de los responsables de Adif que las muertes y lesiones que causó el siniestro se encuentran "obviamente conectadas" con la conducción inadecuada por exceso de velocidad del maquinista, Francisco José Garzón Amo, pero concretaba que el gestor ferroviario incurrió en una "imprudencia punible" al descuidar la señalización de la vía para evitar posibles despistes del conductor.

Incidía, además, en que un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial y, en definitiva, "con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe".

También rechazaba imputar a Renfe a petición realizada por el exjuez Baltasar Garzón, que ejerce la acusación en nombre de una de las víctimas.

Aláez descartaba cualquier responsabilidad de Renfe en el siniestro y valoraba el papel de la compañía ferroviaria respecto a la seguridad en el tramo en el que se produjo el descarrilamiento