Las pruebas y testimonios que se acumulan en el sumario del caso Pokemon reflejan a un Francisco Fernández Liñares que trascendía el concepto de corrupción al uso, para caer directamente en la rapiña. Y es que lo mismo le valían los cobros en metálico que cualquier otra prebenda que pudiera aprovechar, desde usar las brigadas municipales para trabajar sus fincas hasta poner a sus pedáneos de confianza en la zona rural de Lugo a criarle cerdos y hacerle después la matanza y los chorizos.
En este sentido, es especialmente relevante el testimonio de un testigo, por tres motivos: porque acude a declarar de forma voluntaria, porque documenta sus palabras y porque habla en todo momento de sus experiencias directas, no de rumores o de lo que otros cuentan, sino de lo que él vivió junto a Liñares y los hombres de confianza que el entonces concejal de la zona rural utilizaba para mantener bajo control político las parroquias y, a la vez, esquilmarlas.
La única vez que se negó a declarar
Este testigo denuncia las irregularidades en el juzgado en noviembre de 2012. Un mes después, Liñares es llamado de nuevo a declarar por la jueza Pilar de Lara, para un interrogatorio centrado en exclusiva en estas cuestiones.
Sin embargo, el mismo Liñares que hasta entonces no había tenido problemas para hablar horas y horas autoinculpándose de todo un catálogo de delitos, en esta ocasión decide por primera vez acogerse a su derecho de mantener silencio.
