Francisco Fernández Liñares es, evidentemente, una de las piezas centrales de la operación Pokemon y uno de los imputados que más juego dio a los investigadores, que se encontraron con muchas facilidades por su parte para poner al descubierto sus actividades. Y fue mucho menos prudente aún cuando dejó el Concello de Lugo para pasar a presidir la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
De hecho, la parte del sumario conocida ayer revela la investigación sobre al menos siete adjudicaciones realizadas personalmente por él cuando era presidente, que suman un total de 1.596.346 euros. Estos contratos fueron concedidos a cinco empresas con cuyos propietarios Liñares mantenía una relación muy cercana.
