Los miles de datos que han acumulado los investigadores y las declaraciones de varios de los principales imputados en la operación Pokemon parecen apuntar a Francisco Fernández Liñares como el auténtico muñidor de la trama para hacerse con contratas públicas en Lugo, y no solo como un mero receptor de sobornos. Una sospecha que contrasta con el papel que el propio Liñares pretende adjudicarse en su declaración/confesión, llena de contradicciones pero en la que llega a asegurar que le pagaban a él sin motivo, ya que no tenía influencia para lograr nada.
Desde luego, no es eso lo que se desprende de las declaraciones, entre otros, de José María Tutor, delegado de Vendex Galicia; Javier Reguera, delegado de Doal, la empresa de la Ora; Manuel Santiso, Jorge Cechini y José Luis Álvarez, socios de Cechalva, la adjudicataria de la grúa, e incluso de Gervasio Rodríguez Acosta, el gerente de Vendex. De entrada, todos estos testimonios, contradictorios en otros puntos, coinciden en que Liñares era quien se embolsaba en última instancia el dinero que ellos pagaban. Sobre esto no hay ninguna duda, y si varios de ellos creían que parte de ese dinero podía ir también a otros, como José López Orozco, es porque el exconcejal así lo daba a entender. Aunque en su declaración judicial, Liñares niega en todo momento que alguien más que él y los pagadores supieran de esos tejemanejes y protege en todo momento al alcalde.
Liñares reconoció que anotaba en un diario las cantidades percibidas. «estimo que unos 300.000 euros en nueve o diez años», confiesa. Fue una de las pocas cosas que destruyó (cuatro meses antes de ser detenido), porque en sus casas se encontró tanta documentación que la jueza reconoció que «si lo hubiera sabido, no hubiéramos necesitado estar meses y meses con los teléfonos pinchados. Lo guardaba todo. Y es un libro abierto. Es un pésimo delincuente», le llegó a decir a Reguera.
