Las viviendas de promoción pública podrán adquirirse en copropiedad con la Xunta

El Consello de la Xunta ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de vivienda que incluye la posibilidad de acceder a viviendas de promoción pública en copropiedad con el Gobierno gallego, para lo que la persona adjudicataria tendrá que adquirir un mínimo del 60 por ciento.

El texto, que será remitido la próxima semana al Parlamento de para su tramitación, también prevé construcciones de promoción pública concertadas con empresas privadas, por lo que no será precisa la capacidad económica del Instituto gallego de Vivienda y Suelo (Igvs), en aquellas zonas en que se constate demanda.

El conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, que ha acompañado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, ha destacado que la copropiedad permitirá a los ciudadanos acceder a vivienda de promoción pública "con cuotas más reducidas que adquiriendo el 100 por cien de la propiedad".

Entre las nuevas categorías de viviendas de protección se incluirán las de inserción o asistenciales para colectivos específicos como personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género o para realojamientos temporales.

PROTECCIÓN ANTE DESALOJOS Y DEMOLICIONES
La nueva ley también "protegerá" al comprador de vivienda legal ante la posibilidad de que se declaré ilegal años después, ya que en el caso de que haya que demolerla, la normativa obligará a indemnizar al propietario antes de su desalojo, según el conselleiro.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esta ley de vivienda sustituye a la actual, aprobada en 2008 durante el Gobierno bipartito, "confusa y difusa que no resolvió los problemas para los que estaba prevista". Ahora "vamos a dar confianza al que compra y garantías al que vende", ha afirmado.

Según Hernández, la futura ley es "innovadora, flexible y estable", ya que establecerá un marco genérico que ayudará a reactivar el mercado inmobiliario, y también cuenta con "una marcada inspiración social". El objetivo es, ha sostenido, conseguir que el acceso a la vivienda sea "una alternativa real" en Galicia.

Hernández ha puesto de manifiesto las dificultades actuales del mercado de la vivienda, con un mercado hipotecario "casi desaparecido" ya que, en 2011, hubo la décima parte de visados que en 2008 y las ventas cayeron a la mitad con respecto a 2006.

MÁS CONTROL SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA
Entre las novedades del proyecto está la creación de un Registro de Promotores, en el que tendrán que inscribirse todos los que quieran desarrollar su actividad en Galicia, aunque será meramente con carácter informativo y recogerá datos básicos sobre su solvencia, obras ejecutadas y sentencias judiciales, entre otros.

Además, se regulará la publicidad y la información de la oferta de viviendas, la documentación que entregarán los promotores y la obligación de que la construcción responda al proyecto, así como la cantidad máxima que se pagará como reserva, que se fija en un 1 por ciento de su precio.

La nueva normativa regulará las expropiaciones en los edificios de viviendas que podrán ser, en el caso de las protegidas, por no ocupación, falsedad o disponer ya de otra. También prevé expropiación para rehabilitación cuando presenten deterioro grave.

Entre otros puntos, también se encuentra el que la superficie máxima para viviendas protegidas se limitará al pasar de los 140 metros cuadrados a los 120 metros, aunque se mantiene la superficie subvencionable en 90 metros.

En cuanto a la reserva de suelo para este tipo de viviendas, se realizará en función de la demanda en cada municipio que se acredite a través del Registro Único de Demandantes, ya existentes. También se suprime la calificación como vivienda protegida de las que sean producto de una rehabilitación con ayudas públicas, como establecía la ley de 2008.