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Las víctimas del descarrilamiento temen un retraso en la instrucción por la marcha de Aláez

Las víctimas del accidente de tren agrupadas en la plataforma Alvia 04155 temen un retraso o viraje en la instrucción de la causa judicial toda vez que Luis Aláez dejará el día 20 el juzgado de instrucción número tres de Santiago para ocupar su plaza en el juzgado de lo penal número uno de esta ciudad.

El letrado Manuel Alonso, abogado de este colectivo, que se ha personado como acusación popular, al igual que la otra organización de damnificados, -Apafas-, ha considerado hoy en declaraciones a la prensa en Santiago que la investigación quedará "un poco parada" con este cambio y ha expresado su deseo de que ojalá no se vea alterada la línea de Aláez en esta investigación, al entender que no puede haber un único culpable, el conductor del convoy.

Este abogado ha expresado este sentir tras la citación del interventor general del Estado José Carlos Alcalde, que se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que los otros once imputados que, como él, estaban en la cúpula de Adif en 2011, cuando entró en funcionamiento la línea entre Santiago y Ourense, donde se produjo el descarrilamiento.

Manuel Alonso ha apuntado que hasta "septiembre u octubre" no se va "a mover mucho el asunto" y ha recordado que todavía falta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce cargos que estaban entonces en el consejo de administración del gestor ferroviario.

El letrado de la aseguradora Allianz, Roberto Botana, ha dicho a los informadores que el juez que sustituirá a Luis Aláez al frente del juzgado de instrucción número tres de Santiago, Andrés Lago, se incorpora el próximo día 20, "después estará una semana de guardia y luego coge vacaciones".

Manuel Alonso ha confiado en que la incorporación del nuevo juez no signifique una alteración en la línea de la instrucción seguida por Aláez. "Yo espero que no tenga nada que ver", ha manifestado.

Respecto a la postura de Alcalde, ha dicho entender su estrategia y ha observado que se trata de un derecho constitucional, pero ha manifestado que esto no cuadra con la colaboración que proclama el Ministerio de Fomento, que prometió "mayor transparencia".

"Procesalmente les interesa estar callados, pero esa transparencia que se nos había prometido por parte del Ministerio, no se está cumpliendo, por lo menos en ese aspecto", ha sostenido Alonso.

El letrado de la plataforma ha asegurado que con esta postura lo que se busca es dilatar el tiempo a la espera del pronunciamiento del órgano de apelación, "a ver si da el mismo resultado que la otra vez", en definitiva, cuando se "dejaron sin efecto" las anteriores imputaciones a cargos de Adif al no existir una base técnica para ellas.

Una base que, según Alonso, esta vez sí existe, por lo que la Audiencia "no debería revocar esas imputaciones".

Preguntado por el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ha señalado que para él "no es ninguna sorpresa ni novedad" al tratarse de un "informe de parte".

Ha puntualizado que es un análisis lógico, ya que recoge la postura oficial de Adif, que según Alonso sigue un argumento basado en que "la culpa es del maquinista -Francisco José Garzón Amo- y aquí se acaba el tema".

El juzgado de instrucción número tres de Santiago, que quedará en manos del juez Andrés Lago Louro, citó antes que a Alcalde al presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, y a Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad en la circulación, y ninguno de los dos prestó testimonio.

Tampoco los nueve vocales del consejo de administración de Adif que formaban parte de la dirección ese año y que fueron anteriormente convocados, Juan Ángel Mairal, Mercedes Caballero, Juan Carlos Cáceres, Félix Díaz, Carlos María Juárez, Gerardo Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y Javier Hurtado.

Los motivos: la falta de tiempo para leer el voluminoso sumario y estar a la espera de la resolución por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña de los recursos contra estas imputaciones formulados por el fiscal y la Abogacía del Estado.

Todos ellos están imputados por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.

El accidente se registró el 24 de julio de 2013 a la altura del barrio compostelano de Angrois, en la víspera del Día de Galicia.

Las víctimas del descarrilamiento temen un retraso en la...
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