La portavoz de la supuestas víctimas de violaciones por parte de un hombre, cabeza de familia, Ana Saavedra, ha denunciado este martes el rechazo que sufren por parte de los vecinos del municipio coruñés de A Baña.
Saavedra, que preside la asociación Mirabal, ha explicado ante los medios de comunicación los detalles sobre la situación familiar de las cinco supuestas víctimas del hombre que se sienta desde este martes y hasta el jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña.
ABUSOS. El caso lo denunció una de las hijas de la mujer, hijastra del procesado, cuando "cumplió dieciocho años y a raíz de su denuncia se empezaron a conocer los casos", que afectan supuestamente a su madre, las otras dos hijas de ésta y la hija menor del matrimonio, la única en común.
"La gente del pueblo no lo creía, era una mujer que venía de fuera, de Canarias, con tres hijas. Pensaron que iban a por dinero y a conquistar a un hombre", destaca Saavedra.
Incluso hay quien piensa "que a lo mejor se lo merecían, que lo buscaron ellas", lo que vincula al hecho de que sean "personas de fuera contra un hombre que tiene allí su vida".
Las supuestas víctimas "están súper nerviosas, con tratamiento psicológico y sin apoyos", pues además podrían perder su casa por el impago de la hipoteca.
Saavedra ha aplaudido el papel de la Fiscalía y ha dicho que "cuando un fiscal acusa, hoy en día es grave el tema", tras lo que ha añadido que el procesado "obligaba a su mujer a mantener relaciones sexuales con varios hombres".
APOYO. No obstante un grupo de personas han querido ofrecer su apoyo a la familia. En el exterior de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se celebra el juicio, se han concentrado una treintena de personas tras la pancarta de Non estades soas junto a otra que reclamaba el fin de los desahucios.
Lo hacen, según ha explicado María Díaz, como portavoz de Stop Desahucios, para solicitar a la entidad bancaria que gestiona la hipoteca, Bankia, que valore una "situación excepcional", pues denuncia que ahora mismo está abierto un procedimiento que podría acabar en desahucio.
Solicitan "una solución habitacional" y que a las supuestas víctimas se les permita "la dación en pago o un alquiler social" puesto que "la familia no cuenta con recursos".
La mujer es cotitular de la hipoteca con el procesado en el juicio y necesita "su firma" para actuar sobre la hipoteca y "acogerse al código de buenas prácticas o solicitar una dación en pago".
"Si las circunstancias no cambian, el proceso las llevará a quedar sin vivienda y con una deuda de por vida", añade Stop Desahucios, que pide solidaridad con las afectadas por este caso.
BANKIA. La propia entidad bancara ha detallado que busca soluciones en el caso, han explicado fuentes de la empresa.
El banco asegura que las mujeres "no están desatendidas" y que se buscan "soluciones" para ellas, como ocurrió en otras ocasiones en las que fue difícil abonar las cantidades adeudadas.
La compañía subraya que en este caso será "especialmente cuidadosa" porque se trata de una situación muy delicada, si bien reconoce que "uno de los cotitulares -que está en prisión- no colabora".
Bankia espera encontrar una alternativa pronto como ya hizo en al menos dos momentos anteriores, aunque detalla que la actitud del procesado obstaculiza el desbloqueo de la situación.
