Las sentencias esperables

«NO SON más o menos esperables, hay que acatarlas y ya está», dijo el presidente de Valencia ayer ante la sentencia que condena a Carlos Fabra a cuatro años de prisión. Es probable que tenga razón el mandatario valenciano. No era esperable esta sentencia contra Carlos Fabra -solo por deleito contra la hacienda pública- después de casi diez años de informaciones e investigaciones que lo convirtieron en símbolo de los excesos que produce convertir el servicio y la gestión pública en un poder de interés y servicio personal. Dos consideraciones. 1) Puede valorarse positivamente, en favor del sistema o funcionamiento de las instituciones, que un político todopoderoso como Fabra acabe sentado en el banquillo de los acusados y sea condenado a cuatro años de prisión. Pero cabe también preguntarse, máxime si al propio tribunal que lo juzga no le salen las cuentas del patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón, dónde estaba esa fuente oculta de dinero. Y ahí, claro, la opinión pública podría esperar otra sentencia, por lo que representaba el propio Fabra como símbolo negativo. Pero otros precedentes hay en la historia de quien al final solo pudo ser condenado por delito fiscal, aunque los motivos de alarma y conocimiento público y policial anduviesen por escenarios no ejemplares. 2) Fabra pide la baja como militante en el PP al conocerse la sentencia. Cospedal argumenta que ya no estaba activo en el partido. Pero, además, añade, no se sabe muy bien con qué sentido, que esta sentencia no es la última palabra. Claro. ¿Habría que esperar a que llegase al Tribunal Constitucional para que causase baja en el partido? ¿No es suficiente para apartar de la militancia una sentencia de una audiencia provincial? La relación de políticos con la justicia por delitos o presuntos delitos relacionados con la corrupción exige decisiones más rápidas y firmes por parte de los partidos.

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