galicia SIEMPRE tuvo una tasa de ahorro por encima de la media española. Hubiera recesión o vacas gordas. No se trataba de la anomalía propia de una comunidad siempre en desarrollo frente a otras latitudes con mayor índice de renta per cápita. Era, sobre todo, un rasgo que hundía sus raíces en el propio carácter de sus gentes. El gallego podía ser desconfiado, retranqueiro, taimado, trabajador... Pero también ahorrador. Ese rasgo perfiló un tipo de cliente para bancos y cajas, que convirtió a Galicia en un plaza financiera apetecida.
La captación de pasivo, los depósitos, se convertía así en una actividad sobre la que antaño cimentaron sus éxitos las entidades autóctonas (al crecimiento de las cajas se sumaban franquicias como Pastor, Gallego, Simeón, Banco de Galicia, Etcheverría) y atraía a grandes grupos financieros nacionales que no dudaban en competir en esta plaza recurriendo a una suerte de particular dumping: remunerando los ahorros de sus clientes gallegos muy por encima de lo que acostumbraban a ofrecer en sus oficinas de cualquier otra parte de España. Ello prueba lo atractivo de Galicia. Esa dinámica es hoy una práctica habitual en el sector cuando se analiza su actividad por áreas geográficas. Pero lo que se ha convertido en una dramática excepción es precisamente el ahorro de los gallegos manejado con malas artes, ocultación, engaño, tretas espurias y, a falta de una tipificación legal definitiva, lo más parecido a una macroestafa que se recuerda en este país. Y lo peor de todo: fue urdido por gallegos, con nombres y apellidos.
Y es que el entuerto de las participaciones preferentes y deuda subordinada saca los colores a casi todos. Alos gestores de NCG, los de de ahora y los de antes. Unos, los actuales, intentan tapar la hemorragia con tiritas, las que encuentran en el pobre botiquín que acompañó a la multimillonaria inyección de fondos de Bruselas. Y otros, sus predecesores, por una temeridad rayana en la ilegalidad, en esa loca carrera por captar capital a toda costa cuando la crisis del ladrillo se venía encima y amenazaba con dejar a la intemperie las vergüenzas de mal banquero.
A nuestra clase política también debe sacarle todo esto los colores, por cerrar los ojos, comenzando por el ministro Luis de Guindos, aceptando unas condiciones nefastas para el más débil, que no es el banco, sino el cliente medio, cuando firmó la inyección comunitaria para rescatar a nuestro sistema financiero. Fue en octubre del año pasado, y ese acuerdo dejó a los pies de los caballos a miles y miles de ahorradores. En el memorándum que fijaba las condiciones del rescate se instaba al Gobierno español a obligar a accionistas y acreedores de deuda subordinada a asumir pérdidas antes de inyectar en una entidad más dinero público. Y es lo que hizo, a las bravas y mediante un decreto ley, el Ministerio de Economía. Todo lo que ha sucedido desde entonces no es más que una negra secuela, que esta misma semana llegó a establecer quitas sobre quitas, para realizar un canje por acciones de NCG Banco, que deja a todos con un palmo de narices, sin mercado en el que venderlas a la espera de un nuevo apaño del Banco de España.
Cuando hablamos de las participaciones preferentes también lo hacemos de la banca nacionalizada; del Estado, a fin de cuentas. Y de los 5.000 millones de euros, en números gruesos, que se comercializaron en este tipo de productos por parte de las entidades que hoy son públicas, Bankia se lleva la mayor parte (3.000 millones), seguida de NCG (1.200 millones) y Catalunya Caixa (700). Números que colocan a cada uno en su sitio y no conviene olvidar.
Pocos trabajadores de NCG, como de las otras tres nacionalizadas, se consideran empleados públicos. Curioso. Y lo son, con unas condiciones muy distintas, además. Pero, salvo excepciones, la suya no es la diana a la que dirigir la ira. Si se llega a tipificar así, con el Código Penal en la mano, estamos hablando de una estafa de Estado. Ni más ni menos.
Bienvenida la vía judicial, ahora que el arbitraje se acaba, y bienvenidas cuantas sentencias impliquen la devolución de los ahorros de quienes fueron engañados. También ese refuerzo para evitar el colapso de los juzgados gallegos. En esto, y es bien triste, se espera mucho más de los jueces que de los fiscales, lo que da idea de las implicaciones del asunto.
Mientras, Galicia apura una comisión de investigación de las cajas, para depurar responsabilidades, que arranca torcida, con muchos más secretos que verdades. Y eso nos devuelve directamente al pasado, al de las ambiciones inconfesas de los Méndez y los Gayosos. A la etapa más oscura de nuestras finanzas, cuando las preferentes eran oro en paño.
desde los años ochenta, cuando hasta tres huelgas generales sacudieron Ferrolterra en los momentos más duros de la reconversión industrial, no se habían vuelto a unir los gritos de desesperación de toda una comarca azotada como pocas por la crisis. Ahora, con las nulas perspectivas ciertas (léase, contratos) para Navantia como argumento, ha sido prácticamente toda la sociedad ferrolana la que ha decidido pisar la calle nuevamente. Y con razón. Con un tercio de su población activa en situación de desempleo, a la que se une la incertidumbre total para 2.300 trabajadores directos de la antigua Bazán y otros 1.600 en las empresas auxiliares, el de Ferrol es un modelo de reconversión fallido, inmerso en un enterno proceso de reindustrialización que se ha saldado con derrotas: la prometedora industria auxiliar de componentes al abrigo del concurso eólico, las tres fábricas de biocombustibles en plena vorágine de las energías alternativas... Todo son inversiones de abrir y cerrar expectativas.
Y hace bien Núñez Fejióo y media Xunta en solidarizarse con la situación. También en desplegar toda una artillería de acciones comerciales en el extranjero para salvar los astilleros, entre ellos Navantia, que es de capital público. Pero haría mucho mejor en sentarse con el ministro del ramo, el titular de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es la accionista única del astillero, y exigir. Ese ministro es el de Hacienda. Y se llama Cristóbal Montoro. Ya.
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De nombre Demetrio y de apellido Carceller. Antes aliado y hoy enemigo íntimo del presidente de Pescanova. El dueño de Damm, que sienta a su hermano José en el consejo de la multinacional, no gasta pólvora en salvas a la hora de actuar, tanto en el consejo, donde pide una junta extraordinaria de la compañía, como en el juzgado, al personarse en la querella de un grupo de accionisas minoritarios. Pero a Carceller le pierden las formas, al tratar a Fernández de Sousa de «fulano», y asegurar que «nos ha salido rana». Imputado como está, el presidente del grupo pesquero todavía es «presunto».De muchos delitos, sí, pero «presunto».
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ♦ Los fundadores de Blusens se quedan sin Jove en su capital
Cinco años ha durado el matrimonio. Blusens, una de las compañías más prometedoras del reciente panorama empresarial gallego, se queda sin su accionista financiero de referencia. Inveravante, de Manuel Jove, ha decidido salir del capital del proyecto que pilota José Ramón García a través de una operación acordeón, reduciendo a cero su capital para asumir pérdidas. Fueron 16 millones los que Jove puso para hacerse con algo más del 47% de la compañía compostelana, que acumula números rojos hace varios años. Ojalá que los socios fundadores logren enderezar el rumbo en esta singladura en solitario.
