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Las ''navalladas'' de la AP-9

javier cervera-mercadillo
javier cervera-mercadillo

GALICIA sufre una «navallada» permanente desde los años de la transición. Realmente nunca nos ha abandonado aquella consigna que de norte a sur recorría nuestra geografía al grito de los opositores a la construcción de la Autopista del Atlántico, cuyo eco se hacía más débil según se iban abriendo los diferentes tramos y pasaban los años. Han mudado las formas, pero no el fondo. Aquel rechazo que fue de más a menos, y que tenía su público entre quienes consideraban que abriría una brecha entre la Galicia costera y la interior, ha dejado paso a otro tipo de «navallada» para seguir en las mismas: los peajes y su constante incremento año tras año, que han llevado a la AP-9 a situarse entre las autopistas más caras de España, sin que nada revierta por parte de la concesionaria en la economía gallega, ya que, para cerrar el círculo, Audasa paga sus impuestos en Madrid.

Al hablar de autopistas, y concretamente de la concesionaria de la AP-9, nadie podrá decir que los gallegos tenemos lo que nos merecemos. De eso no cabe duda. Desde que estaba en la oposición, Núñez Feijóo planteó al Gobierno central la transferencia de la competencia sobre el principal eje vertebrador de las comunicaciones gallegas. Lo hizo a sabiendas de que enfrente tenía un Gobierno socialista. Pérez Touriño y Anxo Quintana, con el bipartito, llegaron a plantear la construcción de una autovía paralela al recorrido de la autopista como solución de punto final a tanto desafuero, que se quedó en nada, y solamente lograron arrancar el levantamiento de los peajes de Rande y A Barcala, previo pago «en la sombra» por parte de todos los gallegos vía presupuestos, es decir, impuestos.

Ahora es el BNG quien pone sobre la mesa del Congreso la exigencia de anulación de la subida de las tarifas para 2014, y pide la intervención del Ministerio de Fomento.Porque los precios públicos de la autopista sí que se actualizan en función del IPC, muy al contrario que las pensiones o los convenios colectivos. Circular entre A Coruña y Vigo costará a partir del día uno de enero un total de 15,30 euros. Si el desplazamiento es entre Ferrol y Tui, nos vamos a los 20 euros.

Con esto de las infraestructuas cautivas sucede algo anormal que en una economía de mercado es inimaginable. Y pasa también en otro mercado regulado con graves distorsiones, el eléctrico. ¿Es posible que si cae la demanda de un bien, como sucede en ambos casos, suban los precios? Pues si hablamos de peajes o del recibo de la luz, sí. La demanda de electricidad ha caído de forma brutal, pero sin embargo el recibo sube. La autopista cada vez tiene menos usuarios, pero la concesionaria hace lo contrario a lo que dicta la lógica económica. Y, lo peor de todo, se le consiente.

Ahora Feijóo se vuelve a subir al carro de las reivindicaciones, y plantea de nuevo la transferencia de la autopista para tener una «interlocución» fluida con la empresa. Viejos conocidos del PP y del propio Mariano Rajoy son los hermanos Muntaner Pedrosa, uno de los cuales, Andrés, lleva desde los años noventa las riendas de Audasa.

Domiciliada en A Coruña, pero controlada en su totalidad por Itínere, al igual que Autoestradas de Galicia, que gestiona las autopistas AG-55 entre A Coruña y Carballo y la AG-57 entre Puxeiros y Baiona, ambas sociedades son dos de los pilares que sostienen la cuenta de resultados del grupo propiedad del fondo norteamericano CITI, pero sin embargo el retorno fiscal de su actividad está en Madrid. Todo ello, fruto del régimen de consolidación tributaria adoptado por la compañía. Itínere, que tiene domicilio social en Bilbao, decidió acogerse en 2009 a un régimen de consolidación fiscal para sus filiales y participadas, que le lleva a tributar, por ejemplo en el Impuesto de Sociedades, de forma conjunta como un único grupo. Y lo hace en Madrid. De esta dinámica solamente se libra una de sus participadas gallegas, Acega, de la que tiene solamente un 18,3% y que gestiona la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo.

El esquema fiscal diseñado por Itínere tampoco parece tener en cuenta otros intereses gallegos en la compañía, al margen de sus filiales y de sus ingresos por peaje en Galicia, como son sus accionistas. De hecho, NCG Banco tiene una participación directa en el grupo de infraestructuras algo superior al 23,7%, colocándose como uno de sus accionistas significativos, aunque sin margen en las grandes decisiones.

Tan cerca y tan lejos a la vez, la historia de la concesionaria de la AP-9 es la de un constante desprecio a Galicia, fueran sus propietarias las dos extintas cajas, una constructora como Sacyr o un fondo de inversión de EE.UU. Y así se asesta otra «navallada» al bolsillo de los gallegos.

R y la historia empresarial reciente

LA HISTORIA de R bien puede engrosar las páginas de un manual de éxito empresarial. Presentados sus resultados del año, en los que acusa una ligera merma en sus beneficios operativos y algo menos en sus ingresos, debido a la bajada de precios, pero crece en número de clientes, sobre todo en móvil, conviene detenerse a analizar lo que representa esta compañía para Galicia. Porque R es una empresa joven, con apenas trece años de vida, que ha logrado colarse entre la veintena larga de las mayores compañías gallegas por volumen de negocio. Unos ingresos de explotación de 242,3 millones en 2013, con un resultado operativo (ebitda) de 91,5 millones, dejan clara su fortaleza.

Pero también dicen mucho de la operadora de cable sus inversiones. Desde su puesta en marcha, en el año 2000, acumula inversiones por valor de 938 millones de euros, unos 42 millones este último ejercicio. Y da empleo a 1.500 trabajadores, muchos de ellos externalizados a través de subcontratas. R, por ejemplo, operando tan solo en un 3% del mercado nacional, que es lo que representa Galicia, supera este año en crecimiento de líneas móviles a compañías como Orange, Euskaltel o Telecable. Otro dato: casi un millón de hogares y empresas gallegas tienen acceso a la red de fibra óptica de R.

La compañía presidida por Honorato López Isla y pilotada por Arturo Dopico ha cambiado de accionistas en los últimos años (está controlada ahora por CVC Capital Partners en un 70%), pero ha mantenido su equipo directivo, y eso es algo que permite que su anclaje en Galicia semeje simbiosis ya. Otros grupos controlados por capital extranjero no pueden decir lo mismo.

JUAN CARLOS ESCOTET ♦ Ni un minuto que perder en el desembarco en NCG

EL venezolano Juan Carlos Escotet llegó, firmó y se puso manos a la titánica obra de sacar adelante Novagalicia. Sin hacer demasiado ruido después de los anuncios pertinentes (nombres para la futura marca, sede en Betanzos, equipo directivo), el presidente de Banesco comienza a reestructurar su propio holding en España, del que dependen negocios como Colombia, Panamá y EE.UU., para facilitar la digestión de una entidad que casi duplica, por balance, a su banco. Tras la firma de la adjudicación, Escotet ha puesto en marcha una emisión de obligaciones de una de sus sociedades radicada en Madrid, Banesco Holding Latinoamérica, por importe de 31,8 millones de dólares. El objetivo, capitalizarla. Ahora, queda por ver cómo resolverá el lío de las preferentes, tanto para los que no acudieron a la quita y que ahora son accionistas de NCG como para todos los gallegos que siguen reclamando en las calles una solución de justicia.

JUAN MANUEL URGOITI ♦ El presidente sin funciones de Pescanova amenaza

ESTÁ ejerciendo. Y eso, algo que debería ser ordinario para el presidente de una compañía, en el caso que nos ocupa no es nada normal. Juan Manuel Urgoiti tiene una misión: arrancar la máxima rebaja de la deuda con los bancos para facilitar el aterrizaje de sus mayores, Demetrio Carceller y compañía, en Pescanova. La cuestión es que el presidente se abona a las amenazas para negociar. Que si en quince días se arregla esto o vamos a la liquidación, que si la plantilla en Galicia también la vamos a tocar… Todos esos mensajes son los que lanza Urgoiti, a sabiendas de que preside un consejo suspendido por el juez del concurso. Y, para rizarlo todo más, se permite una última licencia: «Me gustaría dejar la compañía operativa y, luego, disfrutar de ella». ¿Dónde están los administradores? ¿Dónde está el juez del concurso? ¿Alguien puede parar esto?

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