Las máquinas iniciaron ayer la preparación de los terrenos que acogerán las naves y casetas de las que dispondrá el futuro centro de recría de la granja Gayoso Castro, promovido por la Diputación Provincial de Lugo, que tendrá capacidad para albergar unas 3.000 novillas.
Esta primera fase del proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses, tiene un presupuesto de seis millones de euros aportado íntegramente por las arcas provinciales.
Los trabajos de desbroce y cierre de la finca se prolongarán durante todo el mes de mayo. A principios de junio está previsto que se inicien las obras de construcción de las trece naves que acogerán a los animales, así como la colocación de 370 casetas, que ocuparán una superficie de 25.000 metros cuadrados.
Paralelamente, se llevará a cabo la instalación del saneamiento, el abastecimiento de agua y el servicio eléctrico, además del traslado del invernadero que utilizan para hacer prácticas los alumnos de las titulaciones relacionadas con la horticultura y la jardinería del IES da Terra Chá Trapero Pardo de Castro.
Una vez finalizada esta primera fase de las obras, la Diputación prevé iniciar los trámites para la segunda fase, en la que se incluye la urbanización del entorno, la dotación interior de las naves y la habilitación de la estación depuradora, que gestionará los 28.000 metros cúbicos de purín que producirán los animales.
La depuradora permitirá al centro de recría ser autosuficiente, puesto que tendrá capacidad para gestionar el 100% de los residuos que genere, convirtiéndolos en energía.
Este proyecto diseñado para sacarle partido a las posibilidades que ofrece la granja Gayoso Castro triplicará la capacidad de los 14 que existen ahora en Galicia y contribuirá a que los ganaderos puedan reducir costes y mejoren la calidad genética de sus explotaciones.
La Diputación de Lugo y la empresa Tragsa suscribieron el pasado viernes el convenio que permitió el inicio de las obras, una vez superadas las trabas de no contar con licencia de actividad, pendiente del anterior gobierno provincial, y la demora de la Xunta de Galicia a la hora de conceder la declaración de impacto ambiental.
