Las fuerzas del orden extreman los controles sobre los talleres ilegales

En los últimos seis meses agentes del Seprona de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica han formulado varias denuncias contra negocios lucenses que no tenían sus papeles en regla
La concurrida asamblea de Aprevar, que se celebró en su sede de A Campiña
photo_camera La concurrida asamblea de Aprevar, que se celebró en su sede de A Campiña

Los talleres mecánicos ilegales siguen siendo uno de los caballos de batalla de la Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios (Aprevar). Durante la asamblea general ordinaria que celebró este sábado el colectivo, su presidente, Luis Abelleira, puso de manifiesto que "en los seis últimos meses" el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica "intensificaron" los controles para destapar los negocios que realizan competencia desleal e incumplen la normativa en vigor. 

Luis Abelleira destacó que las fuerzas del orden, que a su juicio se están tomando "muy en serio" este problema, han formulado "varias denuncias" en la provincia de Lugo. 

Aprevar también ve con buenos ojos que la Xunta esté estudiando la posibilidad de que los vehículos que no hayan pasado la ITV por problemas de seguridad tengan que acudir a un taller autorizado para reparar esas anomalías en materia de dirección, suspensión o frenos y que presenten un informe de un responsable técnico cuando acudan por segunda vez a la inspección. 

A esta asociación, que cuenta con unos 450 miembros, le convencen asimismo los nuevos letreros informativos que tienen que colocar los responsables de los talleres mecánicos en las fachadas de sus negocios. 

Luis Abelleira aseguró que de lo que se trata es de "ganar la confianza del cliente para intentar paliar así la crisis que estamos sufriendo".

ADQUISICIÓN. Uno de los acuerdos que se adoptó en esta asamblea fue que cada socio realizará una aportación adicional mensual de unos 18 euros de media para que Aprevar pueda afrontar lo que le queda por pagar de la compra que le realizó a la Xunta de sus instalaciones de A Campiña. Del millón de euros que le costó este edificio -más los intereses que tiene que abonar a la entidad que le ha financiado-, aún tienen pendiente de abonar unos 350.000 euros, según detalló Luis Abelleira.

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