GOLPES DE Estado, guerras civiles, revoluciones y desapariciones conforman la galería de los horrrores investigada por toda Suramérica a través de las denominadas comisiones de la verdad. Treinta años para esclarecer crímenes y ultrajes.El Chile de Pinochet, la Argentina de Videla, el Paraguay de Stroessner... Sin coste en vidas, que no en puestos de trabajo, ahorros de familias enteras, proyectos empresariales, quiebras y mucho dinero público, arranca ahora en Galicia otra particular comisión de la verdad que también versará sobre ultrajes y desmanes, pero esta vez financieros. Es el turno de la Caixa Galicia de José Luis Méndez y la Caixanova de Julio Fernández Gayoso...
Y parece arrancar bien este intento por sumergirnos en el pasado reciente que ha supuesto la quiebra de la mitad del sistema financiero gallego, porque la comisión de investigación creada en el Parlamento nace con las bendiciones de todos los grupos políticos, fruto de un consenso inusual en cualquier otro asunto de enjundia. El primero paso, por tanto, es bienvenido.
Sin embargo, todos los grupos políticos del arco parlamentario que han refrendado la lista de comparecientes y la documentación requerida a entidades, organismos y auditoras saben que a partir de ahora no puede haber pasos atrás ni medias tintas, porque cerrar en falso la comisión de investigación, como en tantos otros casos se ha visto, sería el peor de los desplantes para toda una sociedad, la gallega, que asiste perpleja al resultado de una fusión que en gran medida no fue la causa, sino el detonante, de una situación que se empezó a cocinar en las sedes de las propias entidades mucho antes, en plena etapa de alegría financiera, créditos fáciles y mucho ladrillo fuera de su territorio natural, Galicia.
Un repaso a la lista de comparecientes que durante los próximos meses pasarán por O Hórreo permite trazar las pretensiones con que nace la comisión. Más de cuarenta protagonistas serán llamados, entre los que se encuentra hasta el mismísimo Joaquín Almunia, vicepresiene de la Comisión Europea. El suyo, como otros casos, semeja más un brindis al sol del PP para que se retrate el socialista , porque en las filas populares saben muy bien que, legalemente, no tiene la obligación de acudir. Otro tanto sucede con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anterior gobernador del Banco de España, o Julio Segura, responsable de la autoridad bursátil que validó esas emisiones de preferentes que ahora han encendido la más cruda contestación social.
En la lista parecen estar casi todos los que son, ya que hay algunas sorpresas, por defecto y por exceso. Por ejemplo, en unas cajas en las que los propios políticos tuvieron mucho que decir, aunque no lo hicieran por cuestión de docilidad, se echa en falta la solicitud de comparecencia de Salvador Fernández Moreda, ex vicepresidente primero de Caixa Galicia e integrante de su comisión delegada, el núcleo duro de la entidad. Para más inri, el ex presidente de la Diputación de A Coruña formó parte de la comisión de retribuciones de la caja fusionada que, en teoría, habría aprobado las multimillonarias indenmizaciones para cuatro ex directivos.
Por el contrario, para el anecdotario de la comisión quedará la comparecencia de Víctor Moro, ex alto funcionario del Banco de España que peina nada menos que 86 años. Moro, que ha sido llamado a propuesta del PP, fue un entusiasta defensor de la fusión y es tío de Javier García de Paredes Moro, uno de los fieles de José Luis Méndez, que a su vez también comparecerá en el Parlamento. ¿Movitos para convocar a afable Moro?
Indemnizaciones multimillonarias de directivos, engaño masivo en la comercialización de participaciones preferentes, millones de euros enterrados en promociones inmobiliarias fallidas, inversiones de dudosa justificación, contabilidad creativa para maquillar unos balances con el fin de aparentar músculo ante la integración de las dos cajas... Son muchos los frentes abiertos a los que deberán responder los gestores de las cajas. Los anteriores y los actuales de NCG, ya que José María Castellano y su segundo, César González Bueno, también están convocados en O Hórreo.
Pero no debemos olvidar la calve política del asunto. Y también el papel de los reguladores y supervisores.Una costosa auditoría para decir lo que unos querían escuchar, que finalmente resultó tan fiasco como la propia fusión. Y unas razones, las expuestas por activa y pasiva por la propia Xunta, que ni convencieron entonces ni, probablemente, lo hagan ahora. Echar la vista atrás no servirá para recuperar un sector financiero ahora en derribo, pero quizá sí ayude a que la historia coloque a cada protagonista en su lugar.
HABLAMOS de algo más de trescientos trabajadores directos y unos 3.000 indirectos. Hablamos de una cifra de negocio que supera los 200 millones de euros al año. Del 40% del movimiento registrado en un puerto como el de Marín-Ría de Pontevedra. Y de unos treinta megavatios de potencia instalada a partir de la biomasa, con lo que se podría abastecer de energía eléctrica a unos 60.000 hogares. Hablamos de Ence. A partir de ahí, todo es polémica.
Porque polémica es su presencia en Lourizán, y polémica arrastra toda cuanta declaración política se haga con respecto a su prometido traslado. Sin salir del ruedo de los populares, primero fue Rafael Louzán, el presidente de la Diputación, mirando hacia atrás sin rubor, quien apostó por la continuidad en la ría del complejo pastero. Y si tímida fue la respuesta del vicepresidente Rueda, al asegurar que hay un plazo para renovar la concesión que vence en 2018 y habrá que respetarlo, tuvo que ser el presidente quien mediara para poner algo de orden en el patio del PP. Núñez Feijóo asegura que la nueva Ley de Costas en nada impedirá que la Xunta ejerza y emita un dictamen, quién sabe ahora si vinculante del todo o no, cuando llegue el momento.
Lo cierto es que desde San Caetano se deja también la puerta abierta a una eventual propuesta de mejoras económicas para valorar la continuidad de Ence en la ría. Decir eso y que habrá negociación es prácticamente lo mismo. Así nos esperan cinco años.
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