El pleno celebrado en Viveiro el pasado jueves aprobó por unanimidad dotar de validez legal a las actas existentes desde 1990, que están en situación irregular porque no pueden imprimirse, pues no han sido almacenadas en soporte óptico. Además, los libros de actas carecen de firma del alcalde.
Ahora el Concello tiene un arduo trabajo por delante en el que deberá poner al día los documentos de hace más de 20 años. Para ello el Ayuntamiento contratará a cuatro empleados, a través de la Diputación, que durante seis meses escanearán las actas y las resoluciones de la alcaldía para que vuelvan a tener validez legal en caso de que cualquier vecino reclamase un documento por los cauces oficiales. «Estamos en una situación preocupante porque si alguien en un juicio pide las actas resulta que no existen, y por lo tanto los acuerdos adoptados no tendrían validez», señaló el regidor local Melchor Roel. Los cuatro trabajadores formarán parte de la nómina de 27 empleados que le corresponden a Viveiro a través del plan Lugo Emprega del ente provincial.
Las actas no son oficiales desde 1990, etapa en la que la alcaldía correspondía al popular César Aja, lo que motivó constantes alusiones del grupo socialista durante la última sesión plenaria. «Esto demuestra la forma de gobernar que había antes en este Concello, que es la que nos ha llevado hasta esta situación», indicó Melchor Roel. Curiosamente la corporación local se dio cuenta de este hecho a través de una denuncia realizada por César Aja al Valedor do Pobo sobre la demora en la entrega de las actas de los plenos. Desde 2003 los documentos oficiales del Concello aparecen publicados en la página web, pero siguen existiendo irregularidades respecto al libro de actas, que figura sin rúbrica del alcalde, y en las remisiones a la Administración autonómica.
PP
La portavoz del PP, María del Carmen Gueimunde, señaló que su grupo, reducido a dos ediles tras el abandono de otros cinco, apoya poner al día la documentación, «pero en 20 años de situación irregular el PSOE no hizo nada, ni en los dos últimos mandatos, para corregir este problema».
Por su parte, el portavoz de IU, Orlando Expósito, señaló que la responsabilidad recae también en los empleados municipales, que no alertaron del problema hasta que intervino el Valedor do Pobo.
