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Laberinto sin salida en la industria naval

Bartomeu, junto a varios miembros de su candidatura.
Bartomeu, junto a varios miembros de su candidatura.

CONSENSUAR LA estrategia a seguir. Suena muy bien. Sobre todo cuando no tienes nada claro algo, excepto muy mala conciencia. Ese fue el mensaje que lanzó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consensuar la estrategia a seguir, como reacción a la exigencia de Bruselas de devolver las bonificaciones del ‘tax lease’ entre 2007 y 2011. Y como una réplica al planteamiento lanzado desde Moncloa, en San Caetano fue el conselleiro de Economía, Francisco Conde, el encargado de hablar del obligado frente común y la necesidad de trabajar unidos para resolver el problema. Para no dejar en palabras huecas los discursos, lo que se suele estilar es armarlos de ideas, algo que por lo que se ve todavía no ha cuajado entre los protagonistas políticos de esta historia.

Iba bien, que se dice, el titular de Economía en las últimas semanas, plantándose en asuntos como la denegación de autorización para la empresa que quiere explotar la mina oro de Corcoesto o exigiendo la devolución de las millonarias ayudas y subvenciones recibidas por Isolux para el fallido experimento de T-Solar en Ourense. Pero con el ‘tax lease’ todo es, de momento, pasar de puntillas por el asunto. Bien es cierto que poco se puede hacer desde la Xunta, más que patalear o aportar unas ideas que, como vemos, todavía se están cocinando.

Y es que si político fue el principio de las bonificaciones fiscales que se ofrecieron a grandes inversores para financiar el sector naval ante lo duros que se ponían los avales para los astilleros y armadores por parte de los bancos, política también tiene que ser la solución una vez conocida la postura de la Unión Europea. Porque las complejas estructuras de desgravaciones, que permitían a grandes patrimonios apuntarse bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades, se idearon, aprobaron y revisaron por el Ejecutivo central, concretamente por el de José María Aznar, al que luego se uniría el de Zapatero, hasta llegar a hoy con Rajoy.

Un ejemplo quizá sirva para aclarar posiciones. Si, pongamos el caso, el Ministerio de Agricultura decide que para salvar el olivar español, y todos los puestos de trabajo que dependen de este sector, la clave está en ofrecer a los grandes terratenientes desgravaciones de impuestos si optan por participar en la financiación de, por ejemplo, la rotulación de nuevas tierras, a través de hectáreas y hectáreas hasta ahora sin explotar para ganar capacidad productiva, ¿quién tiene la culpa si llega el día en que Bruselas decide tumbar ese sistema de desgravaciones por ilegal? ¿El humilde jornalero que acude todas las mañanas al olivar? ¿El terrateniente que se fía de la seguridad jurídica que le ofrece el sistema? ¿O el propio ministerio que, de acuerdo con Hacienda, fomentó esa actividad agrícola, autorizando una por una las compras de tierras, mediante un ardid que ahora se presenta como contrario a derecho comunitario? La respuesta parece obvia.

Y en esas andamos con el ‘tax lease’, que todavía está incluso pendiente de cuantificación de unas devoluciones que, paradójicamente (y para reforzar autorías), deben ser reintegradas al propio Gobierno español y engrosar los presupuestos generales de todos.

Como una crisis subyacente, el gran problema no reside solo en el ‘tax lease’ y su devolución, sino en una crisis larvada en el sector naval durante años, inmerso en un laberinto de falta de pedidos por la caída de la demanda y la dura competencia internacional, una financiación bancaria exigua y debilidades estructurales que se arrastran hace muchos años. Porque los astilleros gallegos son competitivos tecnológicamente, pero muy débiles desde un punto de vista corporativo y financiero. Sobran ejemplos de todo ello. Barreras y Vulcano, dos referencias al acaparar el 50% de la oferta en la Ría de Vigo (Metalships, Freire, Armón y Cardama se reparten el resto conjuntamente) acaban de salir, como quien dice ayer, de sendos concursos de acreedores de gran complejidad, por las derivadas que supusieron los conflictos accionariales internos en cada uno de los casos.

El efecto de la migración de pedidos de buques de tecnología media a otras latitudes comercialmente más competitivas se agrava con la fragmentación de una oferta gallega que se reparte por un sinfín de astilleros que siempre tienen la tecnología por delante, que no el precio.

Todo ello, unido a una solución financiera que parecía una bendición y que ahora toca a su fin, abre demasiados interrogantes como para no advertir ya que el sector naval gallego está herido de muerte. La devolución del ‘tax lease’ es una estocada, pero la construcción de buques ya arrastraba los pies desde hace años. Ahora falta eso, ideas, más que consensos.

Un final amargo en Pescanova

«ESTO TIENE que seguir». Cuando se despedía a las puertas de la sede de Chapela, Manuel Fernández de Sousa-Faro no pudo contenerse y, con gesto entrecortado, dio quizá el mejor mensaje de los posibles tras su salida de la presidencia de Pescanova. El proyecto debe seguir, y hacerlo hundiendo sus raíces en Galicia, porque desde aquí se gestó la primera multinacional pesquera española, que ha navegado con rumbo firme casi cincuenta años. El tenso consejo del miércoles no salió todo lo bien que él hubiera querido. La decisión, según dijo, estaba tomada desde el mismo día en que se encargó la auditoría forensic a KPMG, que puso patas arriba su gestión y la de su equipo directivo, con tantas irregularidades como páginas tiene el informe resultante.

Y el consejo no salió del todo bien porque la última propuesta de Manuel Fernández para no dejar descabezada la compañía se quedó en el intento. Su baza, defendida ante el consejo, era que Alfonso Paz Andrade asumiera la presidencia hasta la próxima junta general de la compañía, a celebrar en septiembre. La negativa del que fuera consejero delegado hasta 2007 a aceptar el cargo sin el consenso de todos los miembros del máximo órgano de administración se cruzó con la hasta ahora amenaza latente de uno de los grandes accionistas: José Carceller, de Damm, que también se postuló. Si nadie lo impide, como buen tiburón de las finanzas que es, Carceller maniobrará para controlar del todo Pescanova.

TIPOS CON INTERÉS

Francisco González ♦ El BBVA mueve ficha y se acerca un poco más a NCG Banco

Un gallego de Chantada está al frente del BBVA. Y un gallego de A Coruña es uno de los primeros accionistas del banco, aunque no se siente en el consejo. Son Francisco González y Manuel Jove. Dos datos que no deberían pasar desapercibidos a la hora de barruntar el nuevo mapa bancario gallego que está por dibujarse. El BBVA, de momento, ya mueve sus cartas y contrata a un banco japonés para asesorarle en la puja por NCG. La Caixa y Santander, mientras, se hacen oficialmente los remolones. Lo cierto es que BBVA es un pretendiente de fuste, que además gusta en los despachos de Madrid, clave en todo este asunto.

Pablo Isla ♦ Un plan millonario de incentivos para un líder global

Los números le avalan. Y aunque parezca que mover el 0,14% del capital de una empresa es algo insignificante, en el caso del gigante Inditex representa un mar de millones de euros. Es lo que acaba de aprobar la junta general de la compañía de Amancio Ortega. Un plan de incentivos para 450 directivos con la entrega de ese 0,14%, más del doble del número de acciones que atesora el presidente, Pablo Isla. Solo un pero: algo similar hizo Ortega con la salida a Bolsa de Inditex, que de paso convirtió en multimillonarios a gran parte de sus ejecutivos, con los muchos problemas que trajo todo aquello: divisiones, desmotivación, salidas…

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