La Xunta tiene en la Costa 46 pisos sociales sin entregar

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, tiene 46 viviendas sociales sin entregar en la Costa lucense. Se trata de viviendas construidas o rehabilitadas por este organismo, que están destinadas a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Los pisos sociales se adjudicarán en régimen de compraventa o arrendamiento. En este último caso, los beneficiarios deben tener ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem, que es obligatorio. La modalidad seleccionada se determina una vez realizado el sorteo.

Ribadeo es la localidad que cuenta con el mayor número de viviendas sociales de nueva construcción. Los 30 inmuebles edificados en la villa ya fueron adjudicados de manera provisional el 3 de noviembre del ejercicio pasado. Ahora, la Xunta procede a la revisión de la documentación presentada por los futuros propietarios para el otorgamiento definitivo de los pisos, que están situados en la calle Transversal, abierta también de manera reciente. La villa ribadense tiene otras dos viviendas sin entregar que fueron rehabilitadas por el organismo autonómico con el propósito inicial de destinarlas al alquiler por parte de los jóvenes.

En Viveiro se habilitaron otras diez viviendas en tres inmuebles adquiridos para su restauración por parte de la anterior Consellería de Vivenda. Lourenzá dispone de otras cuatro viviendas en las mismas condiciones. Las personas interesadas en estas 16 viviendas aún pueden anotarse en el registro correspondiente para participar en el sorteo y optar a residir en dichos inmuebles, bien en la modalidad de alquiler o de compraventa, que se fijará según la demanda de las personas interesadas.

Futuro
La Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio prevé asimismo la redacción del proyecto para la construcción de un grupo de 18 viviendas unifamiliares en el municipio de Trabada. La inversión estimada para la ejecución de este proyecto es de dos millones de euros.

El departamento autonómico también tiene programada la redacción de otro proyecto para la creación de ocho viviendas unifamiliares en el municipio de Alfoz, cuyo presupuesto estimado de construcción asciende a la cantidad de 900.000 euros.

Otro ayuntamiento que demandó viviendas de protección pública es el de Ourol, donde está pendiente la cesión de terrenos por parte del Concello para comenzar la edificación de pisos de promoción pública, que está previsto levantar en las inmediaciones del consistorio. La Administración local prevé sacar a concurso los bajos de los edificios con el objetivo de dinamizar el comercio de la localidad y de atraer negocios hacia el principal núcleo urbano del municipio.

El Concello de O Vicedo también hizo un concurso público para obtener parcelas con vistas a la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas de promoción pública. La entidad local no recibió oferta alguna que se ajuste al presupuesto con que cuenta. El alcalde, Jesús Novo, asegura que «non podemos pagar máis desa cantidade».

Solicitud
El IGVS se dirigió por escrito a todos los concellos de la comunidad gallega para solicitar su colaboración, a través de la cesión de suelo, en el caso de estar interesados en la construcción de viviendas de promoción pública. Los ayuntamientos pueden proporcionar inmuebles que sean de su propiedad para rehabilitar con esa finalidad o bien adquirir un terreno para cederlo a la Xunta.

Por norma
La cesión de suelo por parte de los ayuntamientos es habitual en la promoción de viviendas públicas, puesto que disponen con frecuencia de terrenos procedentes de las cesiones obligatorias, lo que facilita la construcción de este tipo de inmuebles, cuya edificación está sujeta por normativa a no superar unos costes máximos. Esta medida redunda a favor de los propios adjudicatarios, que pagan un porcentaje del valor de los inmuebles, que se calcula en función de los costes de construcción.

Modalidades
Aparte de la modalidad de promoción oficial a través de promoción pública, también se pueden solicitar viviendas de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos. Las personas que no pueden acceder a alguna de estas categorías tienen aún otra posibilidad añadida y es que pueden optar a una vivienda de promoción privada. En este caso, los regímenes posibles son el especial, de carácter general y de tipo concertado.

Demanda
La demanda de vivienda es desigual en los concellos mariñanos. Ribadeo encabeza, con diferencia, la relación de solicitantes con un total de 241, según figura en la página web del IGVS. En concreto, los demandantes de inmuebles de protección oficial son 226, de los cuales 53 quieren comprar, 65 alquilar y 108 solicitan alquiler con opción a compra.

En Viveiro hay registradas 51 peticiones, de las cuales solo 35 corresponden a viviendas de protección oficial de promoción pública. Siete personas solicitan inmueble para comprar, 17 lo hacen en régimen de alquiler y 11 demandan vivienda para alquiler con opción a compra.

Del total de 39 solicitudes registradas en Burela, 34 corresponden a vivienda de promoción oficial, siete personas la demandan para comprarla, 9 la quieren en régimen de alquiler y 18 solicitan la misma para alquiler con opción de compra. El concello de Foz tiene únicamente diez demandantes.

Ourol y O Valadouro cuentan con 14 personas inscritas como solicitantes, mientras que once vecinos de O Vicedo también demandan este tipo de dotación. En Mondoñedo hay ocho solicitantes y el número de personas interesadas de otros municipios es residual, según los datos que recoge la página oficial.

La demanda de vivienda de promoción pública es, sin embargo, superior a la reflejada, puesto que en algunos ayuntamientos, como es el caso de Xove, no figura ningún inscrito, cuando el Concello xovense cuenta con un registro propio, que sí contabiliza solicitantes, aunque estos no están anotados como demandantes en la Xunta.

Los concellos suelen actualizar los listados de los solicitantes y cuando se pone en marcha la construcción de una promoción pública envían los datos a la comunidad autónoma para que los incorpore a sus ficheros. En cualquier caso, las personas interesadas pueden apuntarse de manera individual en dicho registro, que se actualiza de manera diaria. La provincia de Lugo tiene un total de 1.384 solicitantes en el registro único de demandantes de la comunidad, la mayor parte, 976, son de promoción oficial.

Comentarios