La directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avanzó este martes que la Xunta adjudicará las obras del puente de Paradai en el tercer trimestre, con el fin de iniciarlas este mismo año, en respuesta a la denuncia de "incumplimientos" al respecto de este proyecto vertidas por la diputada del PSdeG Concepción Burgo.
En la comisión segunda, de Ordenación Territorial, Vázquez insistió en que éste es el cronograma con el que se trabaja desde el Gobierno gallego, "siempre y cuando", matizó, "el Ayuntamiento de Lugo ponga los terrenos a disposición de la Axencia de forma plena y efectiva". La directora se refirió a los "retrasos" por parte de la entidad local en lo que respecta a la puesta a disposición de estos terrenos, al tiempo que se ha reafirmado en la necesidad de "priorizar" las inversiones en un contexto económico difícil.
La portavoz socialista la acusó de intentar "desviar" responsabilidades por el lento desarrollo del denominado Plan Paradai y sugirió que Vázquez "habla de priorizar cuando quiere decir que no se van a hacer" determinados proyectos.
LICENCIAS EN VIVEIRO
En la misma comisión, la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, respondió a una cuestión formulada por el diputado popular José Manuel Balseiro en relación a la existencia de "irregularidades y anomalías" en la concesión de una serie de licencias en Viveiro que el PP "denunció" en la pasada legislatura y que, pese a todo, habrían sido "toleradas" por el departamento que dirigía la ahora diputada del PSdeG María José Caride.
Tras aludir a la existencia de los expedientes y de las denuncias, Rivas señaló que "está claro que algo falló" y defendió la necesidad de que todas las administraciones velen por la corrección en las acciones urbanísticas "de forma cautelar" para evitar que previamente territorio y terceros puedan sufrir "efectos perversos" de procedimientos judiciales.
Las declaraciones de Rivas sirvieron a Balseiro para "corroborar" que en la anterior legislatura "faltó diligencia" en el control de estas licencias otorgadas "por silencio administrativo" en Viveiro, localidad gobernada por el socialista Melchor Roel, y para concluir que, en consecuencia, los grupos de la oposición "no pueden dar lecciones de urbanismo" en la Cámara.
Dicho esto, el popular rechazó hacer "juicios paralelos" en sede parlamentaria, para concluir que corresponde a los tribunales "determinar la relevancia jurídica" de los hechos.
