La Xunta pone en marcha un plan para detectar EREs fraudulentos

La Xunta pondrá en marcha un plan de inspección de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que acarreará sanciones para trabajadores y empresas que incurran en fraude, y que supondrá que los inspectores visiten en los próximos meses todas las empresas en esta situación, explicó hoy la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato.

Ante el pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación del diputado socialista Miguel Ángel Fernández, Mato anunció que desde su departamento se está poniendo en marcha un plan de actuación específico para "controlar el cumplimiento de las condiciones de los ERE, porque somos conscientes de la grave incidencia que tiene para el desempleo y para la economía el incumplimiento de la las medidas adoptadas en los ERE".

Por eso, destacó que se ha aprobado con Inspección de Trabajo una campaña específica de "persecución y de control de las actuaciones defraudatorias".

El objetivo, explicó la conselleira, es "controlar el sometimiento estricto de los tiempos de suspensión laboral resultantes de la reducción de jornada, y para esto llevaremos a cabo actuaciones sancionadoras en los casos en que se constate un incumplimiento fraudulento y visitaremos todas las empresas afectadas por ello".

Beatriz Mato sostuvo que no se trata de un "fraude masivo, pero sí tenemos indicios de que hay trabajadores que están realizando más horas de las acordadas e incluso trabajando y cobrando a la vez la prestación".

Por ello, la Inspección de Trabajo visitará todas las empresas afectada para comprobar que no se está "utilizando fraudulentamente la Ley".

Las sanciones ya previstas en la legislación, explicó la conselleira, establece una serie de sanciones que para el empresario irán de 6.251 a 187.515 euros, según la gravedad, que incurrirá en una infracción por cada uno de los trabajadores y responderá "solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas".

Además, por su parte, los trabajadores podrán ser sancionados y "corren el riesgo" de ser excluidos del derecho a percibir cualquier prestación" de desempleo y también tendrán que devolver las cantidades que se demuestre cobraron indebidamente.

Este plan supondrá que funcionarios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social visitarán en los próximos meses todas las empresas afectadas por estos expedientes.

Junto con la Inspección y la autoridad laboral autonómica, que es la receptora de la comunicación del expediente de suspensión de empleo o reducción de jornada, colaborarán en esta campaña el Servicio Público de Empleo Estatal, órgano competente en la concesión de las prestaciones de desempleo, y la Tesorería de la Seguridad Social.

En el caso de que se compruebe que se está trabajando en los tiempos de suspensión o reducción de jornada, se levantará un acta por la Inspección de Trabajo.

La conselleira hizo este anuncio durante una interpelación en la que el diputado socialista Miguel Ángel Fernández criticó que Galicia fue el pasado año "récord" en porcentaje de crecimiento de Expedientes de Regulación de Empleo, con 21.800 trabajadores afectados, con un crecimiento de un 73%, cuando el incremento de la media española fue del 13%.

Además, indicó que los ERE de extinción fueron casi 4.000, lo que supuso un aumento de un 300 por ciento.

La conselleira, que insistió en que el problema del paro y de los ERE obedece a que vivimos el momento "más grave y difícil de nuestra historia", también insistió en la herencia dejada por los socialistas para justificar el incremento de los expedientes.

En todo caso, insistió en que, en cifras absolutas, Galicia es la novena comunidad en aprobación de ERE. Además, subrayó que no se debe "demonizar" los expedientes de suspensión, ya que a su juicio sirven para salvar empresas.

Por su parte, el nacionalista Henrique Viéitez dijo que Mato pasará a la historia como la conselleira con récord histórico de parados y la acusó de frivolizar con el empleo.

El popular Alberto Sueiro le replicó que la conselleira pasará a la historia como la conselleira que tuvo más dificultades para gobernar.