La Xunta obliga a una familia a derribar ya su casa en Tirimol

José Luis Pena Vilariño y su mujer, Beatriz Mosquera Vázquez, no dan crédito a lo que están viviendo. Ellos y sus dos hijos se verán abocados a quedarse en la calle inmediatamente, tras otro nuevo requerimiento de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), donde se les ordena el derribo de su casa, en el monte de A Brea, en San Xoán de Tirimol, y el pago de una segunda multa de 2.000 euros, acumulable a la primera, de 1.000, por no haber llevado a cabo la demolición, dictada por este organismo de la Xunta en 2013 y tras haberle advertido un año antes que la vivienda carecía de autorización por no tener licencia y estar en suelo rústico especialmente protegido por el PGOU.

Esta última comunicación de la Xunta se respalda en una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, del pasado 15 de octubre, que ratificaba otro fallo previo, del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo, ordenando el derribo y frente al que los afectados habían interpuesto un recurso que fue desestimado.

La familia vive en esta casa desde 2006. José Luis y Beatriz habitan bajo este techo, con sus dos hijos, de 11 y 9 años, y un único y escaso sustento: los 166 euros mensuales que, desde hace un trimestre, cobra el cabeza de familia en paro y los alimentos que producen en su finca y que proceden del huerto y del poco ganado que tienen: ovejas, caballos, gallinas y cerdos. Economía de subsistencia.

"Pensamos aguantar aquí ata que veña a pala e nos derruben a nós coa casa. Aguantaremos aquí ata o final. Esta é a nosa casa e non temos a onde ir. Con 166 euros ao mes podemos irnos para Lugo e arrendar un piso, pagar luz, auga e comunidade e ir ao supermercado a comprar comida? Agora podémolo facer, malamente, pero facémolo porque vivimos aquí e botamos unhas patacas ou matamos un año, un cocho, unha galiña... Fame non pasamos e imos á tenda só a comprar o necesario para os nenos, pero nada máis. En Lugo, cos 166 euros da Risga non viviríamos. Aquí si", explica José Luis, muy afectado por todo lo que está sucediendo y, especialmente, por el futuro que le espera a su familia si sigue en pie esta orden de demolición.

Además de efectuar el derribo y pagar la multa, la Aplu requiere a la familia para que también saque fotos de cómo tiran su propia casa para acreditar estas actuaciones. "Esperabamos que isto non se chegase a producir, que gardasen os papeis e anulasen todo. Contaba que isto non viñese. Pero debéronnos de coller manía e non nos deixan vivir aquí", indica José Luis.