La concentración parcelaria de la parroquia trabadense de Vilaformán quedó ayer oficialmente finalizada con la entrega de los títulos de las fincas de reemplazo. Concretamente, de las 2.391 fincas iniciales, estas quedaron reducidas a 470. El presupuesto destinado a esta concentración fue de un millón de euros.
La entrega de los títulos a los propietarios se realizó ayer en un acto oficial en la localidad presidido por la delegada de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, junto al director xeral de Desenvolvemento Rural de la Consellería do Medio Rural, Antonio Crespo Iglesias, del jefe territorial de la Consellería, Ramón Carballo Páez, y el propio alcalde de Trabada, José Manuel Yanes Ginzo.
Superficie
La parcelaria afectó a una superficie total de 651 hectáreas que pertenecen a 210 propietarios, lo que logrará mejorar las explotaciones agroforestales «así como a modernización das vías de comunicación e dos accesos ás fincas, elevando o nivel económico e social da zona, ademais de axudar a previr os incendios forestais», según aclararon desde la Consellería do Medio Rural.
Raquel Arias destacó en la entrega de los diplomas que la evolución en los usos del suelo en estos últimos años hizo que Trabada se haya convertido «nun expoñente galego na explotación forestal» y subrayó «favorecen o aproveitamento racional dos terreos concentrados, así o demostra o feito de que arredor de 2.000 hectáreas de matorral se transformaron para usos forestais».
En cuanto al director xeral de Desenvolvemento Rural, destacó en su intervención que con la finalización de la concentración parcelaria del monte de Vilaformán, el término municipal de Trabada pasa a contar con un total de 18 zonas ya rematadas en concentración con un total de 6.230 hectáreas reguladas, lo que supone un porcentaje de un 75,3 por ciento del total de la superficie de Trabada. Aseguró además que esta parcelaria «contribuirá a potenciar as explotacións, unha das principais fontes de riqueza e emprego da zona».
Además, Crespo informó sobre los planes existentes en el Gobierno gallego para mejorar las infraestructuras básicas para la población rural, que supusieron unas inversiones de más de un millón de euros solo en A Mariña Oriental.
