El Parlamento de Galicia aprobó una iniciativa del grupo popular mediante la cual la Xunta pedirá al Concello de Viveiro que solicite un Área de Rehabilitación Integral (Ari) para el barrio de O Celeiriño. No fructificó una enmienda del PSOE para hacer un estudio sobre el estado de la viviendas y una posterior reclamación de emergencia en base a una resolución de la anterior Xunta bipartita que, según aseguró el diputado socialista Ismael Rego, supondría para las familias «cobrar 30.000 euros de axudas para a rehabilitación das súas vivendas e non os 8.000 que supón a aceptación da proposta do PP».
No está de acuerdo con esta afirmación el impulsor de la iniciativa, el popular José Manuel Balseiro, quien lamentó «que PSOE e BNG pretendan continuar co engano ós veciños, pois a fórmula empregada para outorgar as axudas ca declaración de emerxencia é inaplicable na práctica e inviable xuridicamente», ya que sólo se podían dar en casos de centros históricos o núcleos rurales, «e ningunha destas características as cumpre O Celeiriño».
Por su parte Rego acusó al PP de «votar unha cousa en Viveiro e outra en Santiago», pues la enmienda socialista es la misma que votaron a favor los populares vivarienses en un pleno.
Balseiro defiende que con la fórmula del Ari los vecinos podrán obtener ayudas para el arreglo de los daños que presentan sus casas y además se contemplan fondos tanto autonómicos como estatales para obras de urbanización y reurbanización del barrio. A su juicio, la medida se hace más que necesaria transcurridos casi tres años desde el inicio del problema.
La solicitud formal del Ari la tiene que hacer el Concello y posteriormente la Xunta la tramita. En este sentido, Balseiro recuerda que el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), José Boné, mostró la intención de la Xunta de «colaborar e achegar as axudas correspondentes unha vez solicitado o Ari».
Por otra parte, el diputado del PP insistió en que el alcalde vivariense, Melchor Roel, «terá que explicar» porqué todavía no realizó la reclamación judicial de los daños, «pese a que existe un acordo plenario unánime do 2009 que lle obriga a facelo». A juicio de Balseiro, el regidor no lo hizo «porque ten medo a que a licenza outorgada á obra causante dos estragos sexa irregular, cas consecuencias que iso pode ter». El acuerdo del Parlamento también incluye exigir al Concello a poner esta denuncia.
